El Senado ideal

En junio se planteó la reforma constitucional (para una consulta popular) de cara a la vuelta del Senado. Tener 130 diputados y sumar 60 senadores sería la fórmula. Al margen del presupuesto o de la opinión de la calle, un sistema bicameral solo se justifica si mejora la producción legislativa.

Quien revise los proyectos de ley cotidianamente, sabe que muchos son declarativos, innecesarios y hasta costosos por el efecto que generan en la economía. Un congresista, por lo general, puede ser un versado en cualquier cosa o nada y tener asesores por confianza o recompensa. Hasta allí, la calidad de la ley no está asegurada. Hay dos materias en las que el despacho congresal y las comisiones deberían estar preparadas: en derecho constitucional y prospectiva financiera legal.

La materia constitucional se entiende a partir de que ninguna ley puede insertarse en el sistema generando una antinomia con la Constitución. No se puede delegar en el juez el control difuso absoluto, esto es, que sea él quien inaplique una ley inconstitucional al caso concreto, mientras la misma sí rige para los demás casos. Incoherente, ¿verdad? No se puede delegar todo al Tribunal Constitucional, bien vendría un control ex ante. El Senado podría ser una suerte de filtro constitucional si es que se ofrece como una cámara profesionalizada y su composición y asesoría no es absolutamente política.

La prospectiva financiera legal se refiere a la capacidad de detectar el verdadero costo presupuestal, económico y social de una norma legal. El artículo 75 del Reglamento del Congreso dice a la letra: “Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental”. Por lo general no se cumplen sino con una frase: “Este proyecto ofrece tales beneficios y no tiene costos importantes”. ¿En serio no hay externalidades ni costos autónomos? ¿Están preparados los asesores de despacho y comisiones para ese complejo y, a la vez, especializado trabajo de dilucidación? Lo dudo, la experiencia que me toca es la de haber observado un proliferante staff de consejeros llamados por el servicio prestado o por la confianza. No ocurre en todos los casos, sé de buenos asesores, pero la respuesta de varios congresistas puede ser: “es la cuota partidaria, es la recompensa por haber servido en campaña o son mis amigos”.

No voy a pretender que es fácil quebrar el clientelismo, pero, de implantarse el Senado, la calificación debe ser un imperativo. Quizás un despacho con un asesor y dos oficinas centrales de bisagra entre cámaras, la de análisis constitucional de los proyectos en vía al Senado y la de análisis de prospectiva financiera legal. Esta última, constituida por expertos en finanzas, economistas y técnicos centrados en el cumplimiento del artículo 75 del Reglamento. Esta bisagra técnica permitiría el rápido desecho en el Senado de los proyectos inviables.

El Senado no debe revisar todos los proyectos, sino lo calificado; pero debe ser, ante todo, la sede del debate de los grandes temas nacionales, que superen la discusión del día a día en Diputados. En el Reino Unido la cámara alta tiene la racionalidad que debe tener un Senado, la de contención, defensa de la institucionalidad y el espíritu de conservación frente a la radicalidad del cambio. La edad no es reserva de moderación (más garantía ofrece la edad del elector que la del elegido). Si bien la composición ideal es el distrito único, lo prudente sería discutir un sistema de elección y funcionamiento que lo preserve del radicalismo personal y partidario. El Senado ofrece ventajas, el tema es que no sea más de lo mismo.