El pretexto economicista

Hace ya casi un año, después de los escandalosos audios de los magistrados y jueces comprometidos en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, al Perú se le presentó una disyuntiva crucial. O apostaba como prioridad al fomento del crecimiento económico, pero consintiendo la impunidad frente a otros casos como el de Odebrecht y el Club de la Construcción, o establecía como prioridad la generación de una enérgica política pública contra la corrupción, a sabiendas de que inevitablemente sus efectos iban a impactar negativamente sobre el crecimiento económico. Entonces, el presidente, Martín Vizcarra, en su discurso del 28 de julio del año pasado, optó por la segunda opción, con los resultados que todos conocemos.

El propio ministro de Economía, Carlos Oliva, ha confirmado recientemente que esa fue una decisión riesgosa pero correcta, a propósito de los bajos índices de crecimiento económico mostrados durante los últimos meses. Aquella decisión estuvo en las antípodas de la que tomó, Alejandro Toledo, a inicios de la década pasada, cuando en lugar de profundizar el proceso de transición con una ambiciosa reforma política, que todos los analistas y el propio Acuerdo Nacional aconsejaba, optó por priorizar el crecimiento económico, pero dejando intactos los mecanismos de la alta corrupción en el Estado.

Cierto es que entre el 2002 y el 2015 el Perú tuvo un ciclo de alto crecimiento, llegando a sobrepasar el 7% del PBI. Lo que no sabíamos los peruanos, durante esos años, es que al lado de ese ciclo económico exitoso corría paralelamente otro ciclo de alta corrupción, tan nefasto como el del decenio fujimorista, En el año 2016 esa corrupción empezó a hacer metástasis, fruto de lo cual el Perú tiene ahora un dramático saldo: un ex presidente prófugo, otro que optó por el suicidio para evitar a la justicia, otro ex presidente vacado y ahora preso, otro ex presidente a punto de ser procesado en el fuero judicial, la lideresa de la primera fuerza política del país presa, una ex alcaldesa de Lima con prisión preventiva y varios exministros, exviceministros, altos exfuncionarios, exjueces, exfiscales, ex gobernadores regionales y exalcaldes detenidos. Todo un récord mundial que no se repite en ningún otro país.

Desde el 28 de julio del año pasado, en reiteradas oportunidades, un sector de la sociedad —entre analistas, economistas, constitucionalistas y líderes políticos—, ha intentado construir un relato, un discurso que busca llegar al sentido común de la mayoría ciudadana para señalar que el Estado debe priorizar el crecimiento económico, en lugar de la lucha contra la corrupción; y que el presidente de la república no debía asumir el liderazgo contra la impunidad, sino ocuparse del crecimiento económico y otros asuntos, de indiscutible prioridad nacional. Son sectores que pregonan una supuesta realidad catastrofista, como si el Perú marchara sin rumbo, casi al borde del colapso, además de levantar el fantasma de un autoritarismo desde Palacio de Gobierno.

Lo hicieron, cuando intentaron hacer creer a la población que no debía firmarse el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, recurriendo a un argumento económico, en el sentido de que aquel acuerdo perjudicaría gravemente al fisco peruano. Lo reiteraron cuando intentaron bloquear el referéndum del año pasado, porque era muy costoso para el país y una pérdida de tiempo. Volvieron a la carga con el mismo discurso, en otros temas, como cuando a propósito de la organización de los Juegos Panamericanos señalaban que el costo de S/ 4,125 millones de inversión en infraestructura deportiva era un insulto a la pobreza, y que Lima y el Gobierno debían renunciar a su organización. Y ahora mismo vuelven a la carga, cuando señalan que la reforma política presentada a través de varios proyectos, por parte del Ejecutivo, no le va a dar de comer a la mayoría de peruanos, y que unas elecciones primarias y abiertas serían muy costosas para el Estado.

El gran problema de este discurso es que subestima la inteligencia de la mayoría de la población; por eso es que, como intentos, uno a uno han fracasado. No entienden que en el imaginario de la ciudadanía se ha consolidado un razonamiento consistente, que ha llegado a la conclusión de que los altos costos de la corrupción terminan no solo por afectar la gobernabilidad, el funcionamiento de las instituciones y la moral pública, sino también —a la corta o a la larga— la propia economía, incidiendo agudamente en su vida diaria, como ocurre en el caso de las alta tarifas de los leoninos peajes. Hay un determinado sector de nuestras élites que no llegan a imaginar, siquiera, que la gran mayoría ciudadana ha procesado ya un razonamiento lógico y económico, yb sabe distinguir entre las prioridades de lucha contra la corrupción y otros problemas centrales, como la inseguridad ciudadana, la falta de crecimiento económico y el alto desempleo. Saben discernir qué es lo prioritario en un momento concreto, como el actual.

En reiteradas ocasiones y polémicas, hasta de índole histórico, el economicismo en boca de los políticos ha intentado deformar los hechos o alterar las verdaderas prioridades de una sociedad. Y es que el economicismo es un criterio o doctrina que intenta siempre conceder a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole. Dicho de otra manera, se trata de un término que alude a un sesgo o abuso en la concepción del comportamiento de una sociedad, más precisamente de la reducción de todos los hechos sociales a su aspecto económico; sin tener en cuenta que, en situaciones del desarrollo de una sociedad, la cultura, la política o un hecho social extendido, como la corrupción, llega a ser prioridad para el común de la gente. El problema del caso peruano y, de esta coyuntura, es peor porque en realidad resulta un pretexto para intentar neutralizar la lucha contra la corrupción. ¡Claro!, no lo dicen porque tienen algo de pudor. Pero en el fondo ese discurso economicista es solo un pretexto para construir un relato que intenta traerse abajo la lucha contra la impunidad, o evitar una reforma política sustancial para el surgimiento de una nueva clase política.

Nada de lo dicho anteriormente debe ser óbice para señalar que hemos llegado a una situación en la que, por ejemplo, la reactivación económica y las necesarias reformas para un relanzamiento de las inversiones sean ahora sí una prioridad en los próximos meses. Más aún, soy de la opinión que el discurso del presidente Vizcarra el próximo 28 de julio debe anunciar un paquete de reformas económicas y estrategias innovadoras para un relanzamiento de la economía, como una prioridad de ahora en adelante. Pero otra cosa es que, a cambio de ello, el presidente y los poderes del Estado bajen la guardia en la lucha contra la corrupción, como añoran algunos sectores. Una cosa es reactivar en pro de una economía sana y competitiva, y otra es reactivar por reactivar, para que luego, de aquí a unos 10 años, otra vez nos explote en la cara otro episodio de alta corrupción como la actual. Y con los altos costos económicos de los cuales la sociedad es cada vez más consciente.