El peligro de la inacción en tiempos de crisis

“Hay que señalar algo importante a propósito de los derechos humanos y los derechos civiles y es que no sólo limitan el poder del Gobierno central sino que también le imponen numerosas obligaciones activas. No basta con que un gobierno democrático se abstenga de infringir los derechos humanos y civiles. Ha de emprender acciones para garantizarlos. Por ejemplo, el derecho a la vida impone a un gobierno democrático la obligación de proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Si un gobierno no mata a nadie pero tampoco trabaja para evitar la muerte violenta de los ciudadanos, no podemos hablar de democracia, sino de anarquía” (Juval Noah Harari).

Resulta peligroso pretender gobernar por inercia. Es evidente que el piloto automático no le ha funcionado al Gobierno de Boluarte, y que el uso frívolo del poder le ha estallado en la cara a la presidenta. La falta de liderazgo es terreno fértil para el populismo, para la violencia y para detener la economía. El deterioro de la convivencia social ha entrado en una peligrosa espiral, con el consiguiente incremento del desgobierno que hace dudar de la permanencia y el cumplimiento del mandato de Boluarte. Recordemos que una huelga de camioneros fue el detonante en la caída del Gobierno de Salvador Allende. 

En este escenario de inseguridad latente es vital que las instituciones encargadas de velar por el orden público cumplan a cabalidad sus funciones. La Fiscalía no puede oponerse de facto a las leyes que emanan del Congreso, donde nos encontramos representados todos los ciudadanos. Y si hubiera que cuestionar la aplicación de una ley, este proceso debe respetar los procedimientos constitucionales y dirimirse frente al Tribunal Constitucional; el mismo tribunal que ya dictaminó a favor de la retroactividad benigna que los jueces han desconocido en la reciente sentencia condenatoria contra dos ex oficiales octogenarios de la Marina de Guerra. Retroactividad benigna que, sin embargo, si aplican para liberar terroristas. ¡Un triunfo caviar contra los defensores de la patria!

El atropello contra los oficiales Alberto Rivero Valdeavellano y Augusto Gabilondo, para los que creemos en el respeto a las leyes, deviene en un secuestro formalizado. 

Finalmente el sistema carcelario peruano está colapsado, saturado y tomado por la delincuencia. Las cárceles son centros de adoctrinamiento, no cumplen ninguna función de reinserción social; y en ellas más bien se gestan extorsiones y se dirigen las bandas que operan en libertad. Ahí se encuentran los principales cabecillas de las verdaderas organizaciones criminales que no tienen ningún impedimento usar teléfonos y estar complotando permanentemente.

Es urgente construir cárceles de máxima seguridad, como Challapalca, a 5,000 metros de altura, en un entorno aislado, remoto, inhóspito y de difícil acceso, para incomunicar a los delincuentes más peligrosos. Ahí las temperaturas pueden ser -18°C. La lucha contra la delincuencia tiene que ser frontal, respaldando al policía y no defendiendo al delincuente. La inacción puede encumbrar a un populista radical que recoja el resentimiento ciudadano. La inseguridad es el principal tema político de la actualidad.