El fantasma de la huelga de transportistas

En cualquier país del mundo la paralización de labores de los transportistas, principalmente los de carga, genera severas crisis de gobierno, debido al consecuente desabastecimiento. Por esta razón, es una medida muy temida por la clase política que conduce un país, y una poderosa herramienta de la oposición que capitaliza el descontento. 

Acabamos de ser testigos de esta situación en el Gobierno de Pedro Castillo. Los transportistas de pasajeros de Lima Metropolitana amenazaron con la suspensión del servicio de 13,000 buses, de un total de 16,000, que atienden en la capital, y señalaron que se plegarían los interprovinciales de carga y pasajeros. La bandera de lucha ha sido el elevado precio del petróleo diésel 2 (D2) que utilizan como combustible; el pliego tenía otros temas, como las sanciones impuestas por infracciones cometidas, la definición de rutas y el alto costo de los repuestos.

El Gobierno, representado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, no tuvo mejor idea que llegar a un acuerdo con los mayores infractores, y ofrecerles las cabezas de las titulares de la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) y de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano). En el Ejecutivo ven el fantasma de la vacancia por doquier, y un paro de esta naturaleza les recuerda a Chile de septiembre de 1973; que los ha llevado a tamaña complacencia con quien no deben.

Por el lado del costo del D2, persisten en mantenerlo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), donde fue incluido en marzo pasado para apaciguar el paro que protagonizaron los transportistas interprovinciales en plena campaña presidencial. 

El Gobierno tiene muy pocas luces para la solución de los problemas de precios, menos aún cuando deben darse por reglas de mercado, como es el caso de los combustibles, sujetos a la oferta y demanda desde agosto de 1993, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221). La variable que pueden hacer uso es el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al D2, fijado a la fecha en 1.49 soles/galón. 

La recaudación anual incluida la devolución del 53% para los transportistas, establecida en diciembre del 2019 (DU-012-2019), asciende a S/ 1,181 millones. De otro lado, se tiene que en el período enero-octubre la recaudación del IGV por D2 aumentó en S/ 639 millones, debido al incremento del precio internacional de este combustible (61%). El Gobierno puede usar este monto de recaudación no esperado para mitigar el impacto en el consumidor, a razón de S/ 58 millones mensuales (por un año). El mecanismo podría ser una mayor tasa de devolución del ISC a transportistas. Si la cotización sigue al alza, se puede seguir acudiendo al excedente de recaudación del IGV del D2. 

El otro tema materia de reclamo es el mayor costo de los repuestos que está asociado a la devaluación, que en los primeros 10 meses del 2021 ha sido de 10%. Deberían entender en el Gobierno que el manejo de expectativas de nacionalizaciones, incremento inoportuno de impuestos y los mensajes de confrontación dividiendo a los peruanos, generan corrida de divisas y la escalada del tipo de cambio. Como no lo entenderán, el frente de precios altos de repuestos devendrá en un parque automotor destartalado, como el que se tenía al inicio de la década de los noventa. 

Lo que se percibe es una gran vocación gubernamental de controlar precios, para eso tendrían que modificar la Ley 26221. Corresponde a la diezmada oposición evitar que las huestes “castillistas” y sus adherentes interesados, puedan obtener 66 votos y perpetren el despropósito regulatorio, que sería muy difícil de revertir en el futuro.