El Estado está en UCI

“Yo soy ese pueblo y lo quiero, pero no quiero tener nada que ver con ese Estado […]. Nuestro país no había llegado nunca en su historia a un punto tan bajo, dije, nunca aún en su historia había sido gobernado por personas más viles y, por consiguiente, de menos carácter y más estúpidas. Pero el pueblo es tonto, dije, y es demasiado débil para cambiar una situación así, se deja engañar precisamente por personas retorcidas y ávidas de poder como las que ahora están en el Gobierno. Probablemente, tampoco en las próximas elecciones cambiará nada en esa lamentable situación […]”.
Thomas Bernhard – El Malogrado

 

La crisis sanitaria y económica, desatada por las decisiones gubernamentales más atroces de los tiempos modernos, ha puesto nuevamente en evidencia la precariedad de los servicios públicos. Por una parte, pululan los desaventajados de izquierda, quienes afirman a pies juntillas que el capitalismo y el mercado son corresponsables de la crisis provocada por el desgobierno y la incompetencia burocrática. Por otra parte, están los socialistoides moderados, quienes sostienen que debemos apostar por el Estado de bienestar e incrementar aún más la burocracia, que fácilmente alcanza el millón y medio de empleados públicos actualmente.

El virus de la burocracia se incrementa de forma insostenible, tanto así que en el último decenio, mientras que la población económicamente activa aumentó en un 30%, la burocracia, a través de sus empleados públicos, lo hizo en un 90%.

Con la epidemia que aún azota al país, se ha dejado constancia de que la salud pública es un pilar inexistente en el aparato estatal. La precariedad de equipos e infraestructura es notoria desde hace décadas, y la población informada sabe que las Direcciones Regionales de Salud están al servicio de mafias de cuello blanco y de pequeñas cúpulas de pseudoprofesionales de bata blanca. Un escenario siniestro y desolador el que ofrece el Ministerio de Salud que, con su repartija de puestos y bonos a diestra y siniestra, cree poder comprar la conciencia de los verdaderos profesionales de la salud.

Hoy en día, para la mayoría de médicos, no existe una enfermedad más fulminante y mortal que la Covid-19, la cual suele tratarse en casa del paciente con la prescripción de ivermectina, azitromicina, naproxeno, dexametasona y demás yerbas, para así asegurar el buen vivir del personal de salud y descongestionar los hospitales. Los retrasos en los diagnósticos y tratamientos de enfermedades graves (como el cáncer) y las postergaciones indefinidas de cirugías programadas, han obligado a algunos asegurados del SIS y de EsSalud a recurrir a clínicas privadas para salvar sus vidas, mientras que la mayoría de pacientes de alto riesgo debe aguardar una muerte inminente.

La educación es otro pilar inexistente en el Estado peruano. Así lo demuestra el fracaso rotundo del Ministerio de Educación en la reducción del impacto negativo que generó la pandemia en la educación escolar y la educación superior. Por un lado, tenemos el portal de www.aprendoencasa.pe y los programas travestidos de rojo que se transmiten por la televisión estatal; la primera opción pasa inadvertida o no puede tener el alcance deseado, ya que la mayoría de escolares peruanos no cuenta con una conexión a Internet; mientras que la segunda se resume en marxismo cultural abyecto. Por otro lado, o bien tenemos a profesores incompetentes delegando tareas a los padres por medio de Whatsapp y pidiendo fotos para sus informes mensuales, o bien tenemos educadores fomentando el uso no supervisado de redes sociales en los escolares. 

La paralización de estudios universitarios por casi medio año fue orquestada por la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (alias Sunedu), entidad burocrática que desde su germinación se empecinó en cerrar universidades y en proscribir la Educación Superior a Distancia (única alternativa para afrontar la crisis educativa durante la pandemia). ¿Qué ha conseguido esta superintendencia hasta la fecha? El cierre indiscriminado e irrevocable de 47 universidades, la deserción de miles de estudiantes, la odisea de los egresados y el desempleo de docentes y personal administrativo por añadidura.

El Ministerio del Interior ha fracasado con la imposición de un Estado policial, represivo e incompetente, mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo de la vista gorda ante los incontables abusos cometidos por la fuerza pública. Las intervenciones arbitrarias y desproporcionadas tenían como única finalidad la represión y el empobrecimiento de la población, por medio de arrestos y multas coercitivas. Los paladines del orden público ya no distinguían entre un borrachín que violaba el toque de queda y un sujeto que la infringía por motivos de fuerza mayor.

Todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario; la inversión del principio de presunción de inocencia, el retorno de tiempos medievales. El acoso sexual también estuvo justificado para nuestros “héroes de la patria”; malos elementos que detenían señoritas guapas en las calles para solicitarles sus números de celular o para sustraerles información personal por medio del DNI, y luego acosarlas en las redes sociales. Cientos de denuncias y oídos sordos. Esperemos que, por lo menos, el Gobierno condone pronto las deudas administrativas generadas por el autoritarismo y el abuso.

La administración de justicia, a cargo de los burócratas del Poder Judicial y del Ministerio Público (quienes gozaron de largas vacaciones pagadas durante la cuarentena), registraron miles de denuncias por correo electrónico o Whatsapp para hacerle creer a la población que su trabajo continuaba a pesar de su ausentismo laboral. Centenares de procesos en trámite han sido suspendidos hasta la fecha. Las denuncias presenciales no eran atendidas, con el pretexto de que deberían tramitarse en línea o mediante el aplicativo “Yo denuncio” para celulares inteligentes. Y las audiencias virtuales eran pantomimas interpretadas por jueces, fiscales y abogados.

El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la ruina económica del país. La paralización indiscriminada de actividades económicas produjo uno de los peores índices de desempleo a nivel de Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual se traduce en la pérdida de 6.7 millones empleos solamente entre abril y junio del presente año. Una consecuencia directa de la estricta cuarentena impuesta por el Gobierno de Martín Vizcarra.

La actividad del sector privado, que financia casi toda la riqueza que posee el Estado para brindar servicios de pésima calidad y mantener a sus burócratas, ha sido paralizada con el cuento de las fases de reactivación económica. No se ha tenido en cuenta que la cuarentena provocó el desplome del PBI en un 30% solamente entre abril y junio del presente, dando pase libre a una megarrecesión que pudo predecirse y evitarse.

Como la capacidad media de atención de los internautas ha disminuido de 12 a 8.5 segundos en los últimos 15 años y, en vista de que ningún héroe pudo cortar hasta ahora las cabezas (ministerios) de la Hidra de Lerna, debo concluir diciendo que el Gobierno, azuzado por la izquierda más despreciable, está cometiendo un suicidio al creer que puede prescindir del sector privado, única cura para el mal intrínseco que representa el Estado. La fragilidad institucional ha quedado patente y la corrupción colosal del Gobierno demuestra que somos nosotros quienes podemos prescindir de la enfermedad del estatismo y de sus burócratas.