El deterioro ineluctable

La noticia económica de la semana ha sido el pronóstico de la subida del tipo de cambio, que bordearía los cuatro soles por dólar para fin de año, según los expertos. Y aunque esta alza corresponde a la dinámica monetaria de la Reserva Federal norteamericana, no cae en buen momento en nuestro país. Desde el resultado de la primera vuelta del 2021 estas oscilaciones del tipo de cambio, nacidas del inevitable temor a lo que podría significar un gobierno de Perú Libre, junto con la mayor fuga de capitales de la historia reciente del país terminaron por anular en la práctica los efectos benéficos del rebote que representó la reactivación post-pandémica en la mayor parte de economías de la región. 

Por otro lado, entre el fin de las peores restricciones en 2021 y los primeros meses de la guerra de Ucrania ocurrieron alzas significativas en los precios internacionales de nuestras commodities, que no pudieron ser aprovechadas debidamente: no solo por la ya tradicional inoperancia de los gobiernos anteriores a la hora de «destrabar» proyectos mineros y hacer cumplir la ley, sino por la patente simpatía con la que el gobierno veía la conflictividad social antiminera –o mejor dicho, la extorsión demagógica antiminera– reflejada en la verdaderamente kafkiana prolongación del conflicto de Las Bambas el año pasado. Si pudiéramos atribuir algún designio oculto a este régimen respecto a este asunto, quizás sería una mezcla de azuzamiento, incuria e incluso complicidad práctica con el delito, y la voluntad de forzar en el futuro una nacionalización de la minería al estilo boliviano, tal y como dicta el programa de gobierno de Perú Libre. Es curioso comprobar cómo, durante la campaña de la segunda vuelta, muchos de los defensores caviares del gobierno etiquetaban como «teóricos de la conspiración» a los que se atrevían a señalar el riesgo de que un gobierno de Perú Libre aplique el programa de Perú Libre.  

Pero no solo se comprometieron las posibilidades de crecimiento en una coyuntura específica, sino el mismísimo «sueldo del país», la minería en general, puede acabar comprometida del todo en un contexto donde el Estado no solo no se hace responsable por el cumplimiento de contratos que él mismo suscribe, sino que favorece la extorsión y hostilización permanente a sus actividades. Así, este boom minero de las últimas décadas pasará a la historia como otra oportunidad en que nuestros recursos fueron despilfarrados, destruidos o saboteados por los políticos, como el guano, el salitre (estúpidamente estatizado y luego perdido en la guerra por los civilistas y  sus aliados  del «partido militar»  pradista en la década de 1870), el caucho, la agroindustria azucarera y algodonera (estatizada y destruida por los militares revolucionarios y sus aliados civiles y eclesiásticos en la década de 1970)  y el petróleo. 

Si a la oscilación del tipo de cambio y a la depreciación del sol se suma la coyuntura internacional inflacionaria, pues estamos ante un escenario que perjudica enormemente a la clase media trabajadora y emprendedora, que conforma el grueso de los ahorristas en moneda nacional. Estos sectores son fundamentales para constituir ese mercado interno y esa masa crítica de consumidores que es tan cara a los economistas heterodoxos como Pedro Francke. Pero como siempre ocurre, los gobiernos social-caóticos como este acaban perjudicando a estos sectores más que a ningún otro. 

Respecto de la deuda, que ya venía creciendo descontroladamente gracias a Ollanta Humala y  a Martín Vizcarra, no se augura nada bueno. En la medida en que las condiciones inflacionarias de Estados Unidos y de otras economías internacionales se vayan desenvolviendo nuestra situación puede complicarse en este punto.

Queda, sin embargo, un panorama macroeconómico básicamente correcto y una política monetaria responsable. Curiosamente los defensores del gobierno y otros izquierdistas se ufanan con que la inflación sea en el Perú menor a otras regiones y que la macroeconomía se encuentre estable. Es decir, se ufanan de méritos totalmente ajenos al gobierno de Castillo y que corresponden a la denostada «derecha» que lo precedió, como fruto de instituciones y políticas que serán obliteradas por su anhelada asamblea constituyente. 

Pero no nos engañemos. La estabilidad macroeconómica y la política monetaria están siendo cercadas desde el mismo gobierno. Los intentos de desmantelar la tercerización, el aumento del sueldo mínimo y el crecimiento del aparato público con burócratas de ínfimo nivel y de ideología destructiva van a acabar cobrándonos una gran factura dentro de algún tiempo. El fracaso de la reactivación, generado por estas medidas, así como una posible crisis alimentaria provocarían una atmósfera política que podría ir minando la confianza de sectores importantes de la población en el modelo, minado en su espíritu pero farisaicamente presentado como vigente. Y quizás el próximo gobierno, elegido en medio de la desesperación y el desengaño, acabe enterrándolo institucionalmente y llevándonos de regreso al fracaso de décadas pasadas o a circunstancias aún peores. 

¿Qué es lo que se debe de hacer, entonces? Lo inmediato es restaurar la confianza. Y eso ya no lo puede hacer este gobierno. A mediano plazo urge realizar las reformas jurídicas y políticas que flexibilicen definitivamente la economía y aseguren a las familias peruanas el bienestar logrado por su trabajo. Bienestar que, junto con la unidad en la paz, son las condiciones para una vida moral buena, núcleo del bien común.