El costo moral y no valorado de la corrupción

Mucho hablamos y leemos en estos días respecto al costo monetario de la corrupción y lo que ese robo —descarado, permanente y angurriento— ha significado como pérdida material para el país. Miles de millones mal habidos, que han engrosado groseramente los bolsillos de pocos y han castigado, una vez más, a millones de ciudadanos negándoles el acceso a lo que tienen derecho: progreso, infraestructura y mejores niveles de vida.

No obstante ello, grave y pernicioso per se, quiero referirme al costo moral y al costo político de esa corrupción. Día a día nos enfrentamos a la reiterada información de hechos, grupos, organizaciones y “destapes” de nuevos casos de ilicitud en la acción de “servidores” públicos, y no estamos analizando el impacto que todo ello tiene en el futuro de nuestro ya débil sistema político que, en la actualidad, tiene cada vez menos de democrático.

Casos como “Los cuellos blancos”, las “Chalinas verdes”, Odebrecht, Lava Jato y muchos más no hacen sino mellar el respeto hacia las autoridades. Y ello se hace aún más grave por el empeño de cierto sector de fatales periodistas y peores comunicadores que, sintiéndose jueces y custodios de la verdad, abusan de su condición para denigrar el sistema, atacar a las personas, ridiculizar y difamar. Todo ello va calando en el alma del pueblo, que cada día se siente más propenso a dudar de sus autoridades y a sentir, peligrosamente, que el sistema, tan venido a menos, no es válido ni viable.

Se tiende a poner en un mismo saco a todas las autoridades elegidas. Y si bien son pocas las que se libran de una justa condena, ello no puede significar el descrédito pleno de un sistema ni de la obligación que tenemos todos de aportar y actuar en favor de la consolidación de nuestro sistema republicano. Son aquellos corruptos, vendidos a vil dinero fácil, los que, habiendo ostentado el privilegio de servir a través de un cargo público, han mancillado ese honor.

Es por ello que debemos pensar en una nueva y renovada clase política, que trabaje por recuperar la dignidad del verbo “servir”, que actúe con honestidad en el sentido más amplio y puro de esa palabra, tan manoseada y mal utilizada. El servicio al otro, a través de la acción política, como una de sus formas, ha de ser un privilegio y un compromiso de vida. Nuestro país requiere de personas trejas y rectas, que aún en condiciones difíciles, sean personas de valer y de valores, de claridad y respeto a sus convicciones. Y que sean capaces de hacer desaparecer el mercantilismo político, el uso de la función pública con triste beneficio personal.

El Perú, que podría ser una potencia, viene siendo maltratado y vilipendiado por un sector, lamentablemente mayoritario, de sus autoridades. Por el uso personalísimo del poder, por el deseo de aferrarse a los malos beneficios del cargo y por la carencia de conductas principistas en servicio a las grandes mayorías. Es a esas mayorías a las que se ofende y maltrata más. Es al Perú entero al que se le roba la esperanza y es a la Nación a la que se les expone a situaciones de peligro histórico que todos debemos evitar.

Hoy en día, la vocación de servicio es vista como un demérito o como algo con lo que uno no debe comprometerse, porque resulta riesgosa. Es ponerse en el “ojo de la tormenta”, es estar expuesto. ¡Falso y mezquino enunciado! Es ahora más que nunca que se requiere un compromiso frontal y honesto; es ahora que nos jugamos el futuro y es ahora cuando el país nos reclama.