Educación superior: un derecho fundamental, no un privilegio

El derecho a la educación, establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos tratados internacionales, es un derecho humano fundamental que no se limita exclusivamente a la educación básica, sino que también abarca la educación superior. Esta debe ser accesible para todos, basada en la capacidad y el mérito de cada persona. Sin embargo, a pesar de los compromisos internacionales, la implementación efectiva de este derecho ha sido desigual en diversas partes del mundo. Mientras que en algunos países se ha logrado un aumento significativo en el acceso a la educación superior, en otros las barreras estructurales, económicas y sociales siguen restringiendo el acceso a amplios sectores de la población.

Para Katarina Tomasevski, la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, cuya importancia supera a otros derechos en tanto facilita al ser humano el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Tomasevski define el término "humano" en relación con un conjunto de derechos proclamados como inherentes a todas las personas. Esto plantea una cuestión crucial: ¿Cómo puede considerarse un derecho fundamental si no es accesible para todos?

Históricamente, la educación superior ha sido considerada un privilegio reservado para las élites. Sin embargo, a medida que las democracias modernas fueron desarrollándose, la idea de que la educación superior debe ser accesible para todos se fortaleció. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado en 1966, marcó un hito importante al establecer que el acceso a la educación superior debe ser garantizado "por todos los medios adecuados", incluyendo "la introducción progresiva de la educación gratuita". Asimismo, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación (1960) compromete a los Estados firmantes a asegurar que la educación superior sea igualmente accesible para todos, basada en la capacidad individual y la igualdad de oportunidades.

Uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a la educación superior es la desigualdad económica. En muchos países, donde el Estado no cumple con proveer adecuadamente el financiamiento de la educación como un derecho, las instituciones privadas con fines de lucro predominan, siendo el costo de la educación superior prohibitivo para muchas familias. Esto perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables, quienes ven limitadas sus oportunidades de acceder a una educación de calidad. Además de las barreras económicas, en muchos países en desarrollo, la oferta de instituciones de educación superior es limitada, especialmente en áreas rurales e indígenas. Esto impide que una gran parte de la población acceda a oportunidades educativas. En nuestro país, por ejemplo, se enfrentan desafíos significativos debido a la falta de infraestructura y políticas inclusivas, lo que afecta gravemente el acceso a la educación superior en esas zonas.

Asimismo, algunos críticos señalan que la ambigüedad en torno al concepto de "servicio público" dificulta la plena realización del derecho a la educación superior. En Perú, la Ley Universitaria N°30220 reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público esencial. No obstante, desde 1996, la legislación ha permitido la participación del sector privado con fines de lucro, lo que ha generado contradicciones. La mercantilización de la educación superior ha limitado el acceso equitativo, promoviendo una visión en la que la educación se trata como un bien de consumo, accesible solo para quienes pueden pagarlo.

Finalmente, el principal desafío sigue siendo garantizar no solo el acceso a la educación superior, sino que este sea equitativo, pertinente y de calidad. La calidad de la educación es un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre el acceso. No basta con que más personas ingresen a la universidad; deberá la educación superior ser pertinente ósea que se compenetre con los planes sociales y económicos de la región, así como, es esencial que la formación que reciban cumpla con los estándares internacionales y los prepare adecuadamente para una participación profesional en un mundo laboral globalizado. Sin una educación con un justo financiamiento público y de calidad, el derecho a la educación superior no se puede considerar plenamente realizado.