Elecciones 2026: entre la logística desbordante y la confianza vacía

El 12 de abril de 2026 no solo elegiremos autoridades, sino que pondremos a prueba la solidez de nuestra democracia en un contexto donde la confianza ciudadana está en mínimos históricos. Más de 27 millones de electores, incluyendo una diáspora que podría bordear los 3.5 millones, están llamados a participar en un proceso que, si bien impresiona por su dimensión logística, se tambalea por la fragilidad institucional.

La magnitud del operativo es monumental: 91,613 mesas distribuidas en casi 10,000 locales, 824,517 miembros de mesa y una cédula de votación tan grande como un periódico. Además, se disputarán 208 cargos, con una cifra abrumadora de postulantes: hasta 117 fórmulas presidenciales, más de 3,000 aspirantes al Senado y más de 6,000 candidatos a la Cámara de Diputados. La abundancia de opciones puede interpretarse como pluralidad, pero también es síntoma de un sistema fragmentado, donde la deliberación se convierte en ruido y las propuestas se diluyen en un mar de microlealtades.

En este escenario emerge el gran dilema: ¿cómo garantizar transparencia cuando los órganos electorales no logran transmitir confianza? La disputa entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al voto digital es un claro ejemplo. El JNE recuerda que en países como Estonia la implementación del voto remoto tomó entre 5 y 20 años, y que incluso allí su alcance es parcial. Sus advertencias sobre la vulnerabilidad de la huella digital, que hoy puede cifrarse pero mañana podría reidentificarse, nos obligan a reconocer un riesgo serio para el secreto del voto.

Por otro lado, la ONPE defiende el derecho a sufragar sin barreras y promete auditorías externas, aunque ya fracasó la primera licitación para contratar una revisión independiente. Y ahí radica el problema central: si quien diseña el sistema es también quien lo verifica, la percepción pública es la del “gato de despensero”, el guardián que se vigila a sí mismo. La confianza no se reconstruye con comunicados, sino con pruebas abiertas, verificables y escrutadas por todos.

Si realmente queremos elecciones transparentes, se necesita una hoja de ruta pública y verificable: entrega de software con auditorías cruzadas, simulacros observados por entes independientes, publicación de protocolos de seguridad digital y, sobre todo, una pedagogía clara que explique al ciudadano qué riesgos existen y cómo se mitigarán. No se trata de pedir fe, sino de ofrecer evidencia.

El reto no es menor: en un país donde la narrativa del fraude se instala con rapidez y donde cada proceso electoral se convierte en una feria de promesas incumplidas, la confianza es un recurso tan escaso como indispensable. No habrá riesgo cero, pero sí puede evitarse el riesgo ciego: aquel que se acepta sin mirar, aquel que erosiona la legitimidad antes de que se cuenten los votos.

El 2026 no puede ser otro capítulo de sospechas y desconfianza. Si realmente queremos que la democracia recupere sentido, debemos exigir un proceso que no se conforme con proclamar transparencia, sino que la demuestre en cada paso.