Economía de la sensatez

John Maynard Keynes fue —además de autor, consejero de gobiernos e influyente impulsor del sistema de Bretton Woods— un prolífico generador de frases célebres, como aquella de que “la percepción que la gente tenga de los economistas debe (llegar a ser) la de seres humildes y competentes, a la par con los dentistas”. El manejo apto de los métodos y herramientas de análisis para arribar a conclusiones aplicables a la vida real constituye lo que podemos denominar “la economía de la sensatez”. Uno de sus más claros exponentes es el profesor Jean Tirole de la Universidad de Toulouse (Francia) quien, al ser galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2014, fue reconocido por la Real Academia de Ciencias de Suecia como uno de los más influyentes economistas de la actualidad por su trabajo sobre el tema de la organización industrial y la regulación efectiva de los oligopolios. 

Tirole ha logrado desengranar el funcionamiento de los mercados en los que predominan unas pocas firmas grandes. Ha ampliado las fronteras del conocimiento en materia de políticas de competencia, trasladando a Estas desde el ámbito de la denominada síntesis neoclásica (de los mercados perfectamente competitivos que no existen) al reconocimiento de que los mercados presentan contextos individuales y que, por lo tanto, no se puede aplicar una sola receta universal para resolver los reales o eventuales abusos de poder económico. Lo que sí existe es un marco conceptual común en el que se pueden ubicar las políticas públicas para aplicarlas en contextos que van desde la tecnología hasta las telecomunicaciones y la banca. 

La metodología requerida para entender la realidad se basa en la teoría del juego (que es el estudio matemático del conflicto y la cooperación) y en la teoría de los contratos (que rige la formulación de los acuerdos cuando existen asimetrías en la información). El marco regulatorio no puede ser de “talla única” y no es bueno sofocar la competencia de precios, que siempre actuará a favor del consumidor. Un proveedor que ostenta poder monopólico (pensemos en De Beers y el control del mercado de diamantes, u OPEC y la cartelización del mercado del petróleo) puede, si lo decide, “dosificar” su producto y afectar la competencia en los mercados secundarios y terciarios que demandan sus bienes o servicios. Sin embargo, mantener tasas de rentabilidad muy por encima de las que ofrece un mercado en competencia eventualmente halla la válvula de escape en la presencia de nuevos productos (diamantes artificiales o provenientes de fuentes alternas) o cambio de tecnologías y reemplazo (nuevas formas de generación de energía y ahorro en el consumo) para doblegar el poder de mercado. 

La regulación antimonopolio no puede, por lo tanto, tener una sola “horma”, por ejemplo, basada en el porcentaje de mercado que las firmas acaparan. El trabajo de Tirole es aplicable en los casos de empresas como Google y Apple que compiten en una industria que, como la de la tecnología, no se basa en los precios al consumidor (que pueden ser nulos o de transferencia a título gratuito) sino en el dominio del mercado a través del acceso de los usuarios y, a través de ello, de los espacios de publicidad y la diseminación de la marca. En industrias caracterizadas por la rápida innovación (la tecnología viene a la mente) puede permitirse la concentración temporal de poder de mercado, propiciando al mismo tiempo la competencia y la apertura de vasos comunicantes entre marcas y productos que ofrecen bienes y servicios equivalentes. Siempre será una mejor alternativa a aquella de poner topes de precios en las industrias sujetas a regulación, opción que normalmente causa más daños que beneficios. 

Finalmente, partir de la comprensión de la estructura de los mercados y del rol de los agentes que en ellos participan nos permite argumentar contra la vigencia de los monopolios estatales. Son entes cuyas funciones resultan políticas, alejadas del sistema de precios, actuando en mercados cerrados o protegidos, limitando la calidad y cantidad de la oferta y sirviendo los intereses de los gobiernos de turno. Aplicar la teoría del juego en tales casos es un ejercicio ocioso, pues los conflictos no se resuelven con elegantes soluciones matemáticas, sino por fiat administrativo, dominio político o la fuerza de las armas. Es un caso alejado de la sensatez económica.

Que los economistas lleguemos a ser seres humildes y competentes a la par con los dentistas es un objetivo loable. Particularmente si lográsemos que las curas propuestas sean “sin dolor”, o que por lo menos devuelvan la salud.