Dos principios fundamentales olvidados (o tergiversados)

La degradación de casi todo en el mundo occidental e incluso de vastos sectores de la jerarquía y el laicado católicos (que, contrariamente a la profecía de Macaulay -véase la página 6 de este artículo de un jesuita preconciliar- parecen barbarizarse a niveles nunca antes vistos) lleva en nuestros días a individuos como Klaus Schwalb, del Foro de Davos, a considerar que la China de Xi Jinping es un «modelo para muchos países» y a todo un monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, otrora presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales de la Santa Sede, a considerar que China es el país que mejor cumple la doctrina social de la Iglesia. 

De ahí que urja rescatar dos principios de la recta política, que se encuentran en el corazón de la doctrina social de la Iglesia, olvidados cuando no tergiversados. Nos referimos al bien común y la subsidiariedad. 

El fin de la política es el bien común. Aunque por el abuso del término podría parecer un lugar común, el concepto de Bien Común encierra un substrato metafísico que la diferencia de la finalidad de la política para otras doctrinas –i.e: la voluntad general o las leyes de la historia-. El Bien Común no es más que, como diría el filósofo Francesco Gentile, el Bien visto en común; es decir, el bien mismo del hombre, pero en cuanto referido a la polis. El bien mismo del hombre, como sabemos, es la perfección –es decir, puesta en acto- de aquello que le es más propio, que es la razón, entendida como facultad espiritual superior, cuyo objeto es la verdad que, en cuanto querida, es el bien. Por su propia sociabilidad natural, queda claro que el hombre se perfecciona en la polis. Una polis que lo corrompa, será, por tanto, monstruosa y antinatural, pues atenta contra su propio fin. Aquí se refleja esa vieja y bella verdad de la imagen católica y clásica del mundo: Hay ambientes que estimulan la virtud. La creación y defensa de estos ambientes es un deber inexcusable.

La negación de la sociabilidad natural del hombre significó la aparición de un constructo teórico-político inédito en la historia de todas las civilizaciones: El Estado-Nación moderno, monopolizador de toda legitimidad, inicio de toda relación intrasubjetiva, y Dios real en la historia (según Hegel). Si bien es cierto que, en su concreción política, siempre se vio limitado por la sociedad, que, a pesar de su progresiva descristianización y pérdida de organicidad, pudo conservar ciertas reacciones, por lo menos en su sanior pars hasta hace varias décadas, el Leviatán estatista alcanzó su paroxismo con la aparición de los totalitarismos del siglo XX. Ahora, aunque transformado, pretende estatizar la misma fábrica de lo humano: decidir, arbitrariamente, qué es familia, vida o persona, sin tener en cuenta la ciencia, la tradición o la razón natural. Es por eso por lo que urge rescatar el principio de subsidiariedad del olvido práctico o de la desfiguración a los que lo han condenado tantos de sus «defensores». Ese principio consiste en que solo podrá intervenir un cuerpo mayor cuando no pueda bastarse un organismo inferior y subordinado en el cumplimiento de una función. El principio de subsidiariedad nos presenta, en síntesis, la idea de «más sociedad, menos Estado»; y de cómo este debe estar siempre al servicio de aquella.

De ahí, por tanto, que nada esté más lejos del bien común y del equilibrio entre sociedad y estado que una tiranía totalitaria y antirreligiosa de partido único como China e incluso sus aprendices, los estados confesionales woke como Canadá y otros, mal que les pese a tantos Tartufos más que dispuestos a convertirse en capellanes de cualquier poderoso de moda.