Descentralizar la salud y educación en Lima Metropolitana

Deben transferirse esas funciones a la comuna metropolitana

De manera recurrente, diversos medios denuncian casos de corrupción en los sectores de salud y educación. Pero no advierten que la primera gran ilegalidad de estos sectores proviene del gobierno nacional y, por omisión, de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Es que desde el año 2002 —es decir, hace quince años— no se cumple con lo normado en la Constitución, la Ley Marco de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, varios decretos supremos y actas firmadas entre el Ejecutivo y la MML, que ordenan que deben transferirse esas competencias y funciones a la comuna metropolitana, la que constitucionalmente ejerce las competencias de gobiermo regional en el ámbito metropolitano.

 

¿Cómo se explica que la gran mayoría de esos casos de corrupción e ineficiencia provengan de Lima Metropolitana y en menor medida del interior del país? Ya en el año 2006 el Informe Defensorial N° 105, denominado “El derecho a la salud y a la seguridad social: Segunda Supervisión Nacional”, había alertado, en su conclusión N°4, sobre esa gran diferencia. Una de las explicaciones es que, a diferencia de las demás regiones, la salud y la educación en Lima Metropolitana están como en el aire, a merced de diversos poderes fácticos y grupos mercantilistas, que se enriquecen a costa del derecho a la salud, sin que una instancia regional, local y la propia comunidad organizada tenga injerencia sobre esos servicios, como ocurre en otros países.

 

El gobierno nacional, en lugar de cumplir el mandato de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N°29158 —sobre sus funciones de supervisión, reglamentación y coordinación de esos servicios, para cumplimiento obligatorio de los gobiernos regionales— se ha preocupado más por mantener esos servicios en el ámbito del Ejecutivo, lo cual es ilegal a estas alturas. La ineficiencia y corrupción en el sector existe en gran medida porque el Ejecutivo se preocupa más de ejercer burocráticamente esos servicios, en lugar de ejercer eficiente su papel rector. Y es curioso que a los propios maestros, médicos, grupos de interés y gremios sindicales no les interese la descentralización de esos servicios en Lima Metropolitana, porque no quieren estar sujetos a la conducción de instancias de gobierno más cercanas a la comunidad.

 

Por cierto, sería irresponsable proponer una transferencia compulsiva e irresponsable de esos servicios a la comuna metropolitana, o creer que la descentralización por sí misma sea la panacea. El proceso tiene que ser gradual, obedecer a un plan de desarrollo de capacidades y uso de recursos por la instancia descentralizada para que vaya desarrollando competencias y habilidades poco a poco. El problema es que no se ha hecho nada, con el silencio cómplice de los parlamentarios y los regidores metropolitanos, a quienes no les interesa el tema. Las propias actas de transferencia que se acordaron entre la PCM, los ministerios y el gobierno metropolitano, entre los años 2003 y 2014 precisaban esa estrategia gradual de transferencias. Pero a los alcaldes Castañeda Lossio, Susana Villarán y al gobiermo nacional no les interesó el tema, incumpliendo deliberadamente la ley.

 

Es imposible implementar los planes educativos o programas curriculares a nivel local si el gobierno metropolitano no ejerce sus competencias. Las propias comunidades educativas y de promoción de la salud preventiva, que la ley manda implementar, tendrían mayor potencia para incidir en la calidad educativa y de la salud si estas son articuladas por la gestión metropolitana con un enfoque de gobernanza. Eso es imposible hacerlo si aquellos sectores están en la pirámide más alta del Estado.

 

Mi hipótesis es a que los poderes fácticos y grupos mercantilistas, que están detrás de los contratos y tercerización de los servicios de salud y educación, están más interesados que esos servicios permanezcan en un ámbito burocrático centralista porque les resulta más funcional para sus intereses. La lógica de tercerización, con altos niveles de corrupción y a tarifas altas, es más propia para un manejo discrecional, concordante con sus intereses, en lugar de que estos se desarrollen en el ámbito de una región, que articulada con las municipalidades distritales y la propia comunidad sea motivo de mayor fiscalización y una mayor demanda de servicio eficiente.

 

Más allá de las discrepancias que se pueden tener sobre las gestiones de Susana Villarán y Luis Castañeda, durante los últimos quince años, el hecho es que hay áreas de la gestión metropolitana que sí funcionan y demuestran que un proceso de descentralización bien planteado de los sectores de educación y salud si puede funcionar. Tenemos los casos de la Caja Metropolitana de Ahorro, los Hospitales de Solidaridad (¿quién se queja de ellos?), el Servicio de Administración Tributaria, el Metropolitano, la excelente situación del Parque de Las Leyendas, etc. Todo ello demuestra que el gobierno metropolitano si puede asumir esas competencias. El reto es hacerlo bien, sin prisa, pero sin pausa.

 

Neptalí Carpio