De inmunidad parlamentaria y reforma política

Luego de tres meses, tras la reaparición del congresista Benicio Ríos Ocsa (BRO) ,de la bancada de Alianza Para el Progreso por el tema de una sentencia del Poder Judicial, esta semana ha vuelto al debate público el tema de la inmunidad parlamentaria. Para hacer pedagogía sobre la inmunidad parlamentaria.

Existe, según la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. Ambos sirven, cuando un congresista está en funciones, para que no sea judicializado ni arrestado. Pero en el caso de BRO se le levantó la inmunidad de proceso dado que tuvo el juicio antes de ser congresista, y ahora está en debate que se le levante la inmunidad de arresto para ser detenido por la sentencia que tiene el Poder Judicial. La prensa y ciertos políticos (como Gino Costa y Marisa Glave, entre otros) solicitan que se le levante de inmediato dicha inmunidad para que cumpla prisión mientras su casación sigue en proceso.

Analicemos políticamente el asunto. ¿Es viable? Levantarle la inmunidad a BRO sienta un precedente para la política peruana. La prensa, impulsora de judicializar casi todo acto político, sostiene que debe ser viable el levantamiento de la inmunidad de arresto. Algunos políticos también lo afirman públicamente para quedar bien ante el país. Pero como académico, sostengo que debe verse con calma el asunto y no levantarse la inmunidad de arresto. ¿Por qué? Porque los adversarios políticos y accesitarios de los que han llegado al Congreso buscarían —después de levantarse la inmunidad o se dé la autorización para ello— constantemente la judicialización de congresistas en las próximas legislaturas.

La inmunidad parlamentaria —al margen del desprestigio constante del Congreso de la República, por paradójico que se lea— permite que el político tenga plenas capacidades para —además de legislar y representar— fiscalizar a los órganos estatales subnacionales sin ningún problema, y también a las mafias que se quieran enquistar en la política peruana. Por lo tanto, esa no es la solución para la crisis política del Congreso, y por extensión de la clase política. La solución pasa por pensar cómo hacer una reingeniería al sistema político para relegitimarla y acercarla a la ciudadanía.

¿Cómo? Mediante un llamado a elecciones de los congresistas cada dos años y medio, para saber si tienen la legitimidad del caso, y también para instar a las organizaciones políticas a profesionalizar a sus militantes. Por allí encontraríamos una salida a la crisis política actual en el corto plazo. Una salida que a mediano plazo debe ir acompañada, claro está, de una reforma de las circunscripciones electorales para un sinceramiento de la representación política, así como de una reforma —de largo plazo— de la descentralización en el país.

Esta es, de acuerdo a diversos estudios sobre el tema, una solución al problema que vivimos. Leamos serenamente lo que pasa en el país.