¿Cuánta sangre más?

La incapacidad del gobierno y la inacción opositora ante el desborde del crimen.                 

El pasado viernes, el presidente Ollanta Humala fue emplazado a gritos por la población del distrito liberteño de Casagrande para que detenga el derramamiento de sangre que sufre el país a manos de la delincuencia, y la respuesta de Humala confirmó que su gobierno no tiene la menor idea de como impedir que el crimen siga avanzando. Solo en los últimos ocho días se registraron diez asesinatos.

Humala llegó a esa localidad para inaugurar una obra de agua y desagüe, pero los ciudadanos le reclamaron que paren ya los asesinatos. El alcalde Pascual Bueno pidió que se instale en ese pueblo un escuadrón de fuerzas especiales de la policía (Dinoes) y que se reduzca la edad límite de imputabilidad penal, para evitar que los menores sean sicarios.

Casagrande estaba indignada porque en la víspera dos sicarios asesinaron a tiros a un joven de 17 años e hirieron a otros cuatro menores de 13, 14, 15 y 17 años que estaban con la víctima. Esa misma noche, cerca de allí, en Trujillo, otro joven, Jesús Polo Ulloa, también fue asesinado por hampones en la puerta de su domicilio.

La respuesta del presidente fue frustrante: “Le he pedido al ministro Urresti que venga aquí y se siente con las juntas vecinales y resuelvan este tema”. Acto seguido dijo que en marzo llegarán 500 policías a La Libertad y luego culpó de la violencia a la televisión “chatarra”

¿De veras el presidente cree que Urresti resolverá el problema conversando con los miembros de las juntas vecinales de Casagrande o enviando 500 ó 1500 policías? ¿Qué tienen que ver los programas de televisión que no le gustan con el sicariato y el hampa? La respuesta de Humala fue a todas luces un salida demagógica porque no podrá cumplir lo que prometió, y populista porque solo buscó ganarse los aplausos de la gente en ese momento.

¿Acaso Urresti y los vecinos de Casagrande podrán impedir que los sicarios salgan de la cárcel en solo tres o cuatro años siendo reincidentes? ¿O que los violadores y asaltantes sean liberados en las Comisarías nomás? ¿O que el Inpe les venda certificados de buena conducta a hampones avezados, para que salgan libres? ¿O que las correccionales de menores sean escuelas superiores del delito? ¿O que las cárceles sean centros de postgrado del crimen y de planeamiento de secuestros, asaltos y asesinatos?

¿Creen en verdad el presidente y Urresti que enviando más policías a las calles van a resolver los problemas estructurales mencionados, que alimentan la delincuencia?

Pero ellos NO son los únicos responsables. También lo son la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, que callan y eluden sus responsabilidades en el tema. ¿Qué han hecho en estos años contra la corrupción en sus instituciones, que alimenta con impunidad al crimen que nos desangra?

Los demás líderes del país tampoco parecen tener alternativas. Más allá de un tuit cada cierto tiempo, no proponen iniciativas ante una situación que cada vez se parece más al terrorismo de los 80’: Todos los días es asesinada una persona al menos, las empresas pagan cupos bajo amenaza, se lanza bombas a quienes se resisten a pagar, se recluta menores para perpetrar asesinatos y las instituciones del estado favorecen al delincuente antes que a la víctima.

Estamos condenados a pasar este quinquenio a merced del crimen por la incapacidad del gobierno, pero la oposición debe avanzar desde ya para sacarnos de esta pesadilla. Para empezar podría abrir un debate sobre las reformas necesarias para atacar las causas del problema. El país ya no soporta más derramamiento de sangre inocente.

Por Víctor Robles Sosa

03 - Feb - 2015