Crónica de un fraude socialista del siglo XXI

Fijemos en principio cuál es el mandato constitucional del Sistema Electoral –formado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)– en el artículo pertinente de la Constitución del Perú: 

Artîculo 176.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa

Se aduce que el plazo para presentar recursos de nulidad en actas ya venció tres días después de los comicios. JNE, ONPE y Reniec deben cumplir con el mandato constitucional. El reglamento para atender recursos de nulidad en actas es solo uno de muchos instrumentos. Siendo informado de posibles irregularidades que afectarían la voluntad popular, más allá de reglamentos, en este caso el JNE debe tomar acción. De otro modo, el proceso penal pertinente convocará al JNE como cómplice.

Agregado a ello, el artículo 181 de nuestra Constitución dice que el pleno del JNE debe apreciar los hechos con criterio de conciencia, con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. Un reglamento no puede estar por encima de criterios de conciencia ni de principios generales de derecho. Clarísimo. 

Algunos observadores internacionales han declarado que para ellos no hay evidencias de fraude, salvo irregularidades aisladas que siempre se presentan en un proceso electoral masivo como nuestro ballotage. Debemos recordar que la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia. Lógica pura. Si usted no encuentra algo, significa que usted no lo encuentra, no significa que eso no exista. Si otra pesquisa sí las encuentra, como sucede en nuestros comicios, es claro que usted no hizo el trabajo que debía hacer.

Hallazgos de irregularidades como las que hoy se muestran en forma inobjetable, están absolutamente fuera de los obsoletos checklist de verificación que usan los ineficaces observadores internacionales. Como cuando se ataca un objetivo terrestre por vía aérea, volando bajo para no ser detectados por la vigilancia del radar y acercarse lo suficiente al objetivo. Ningún burócrata internacional tiene en su checklist de verificación ninguno de los tipos de hallazgo que entre otros, ya se muestran y son información pública que no puede ocultarse al conocimiento general : 1) Sistemática toma de control de las mesas de sufragio por parte de militantes (no registrados) de un partido, ante la ausencia de los titulares; 2) Falsificación de firmas en miembros de mesa para su suplantación; 3) Errores materiales intencionales en llenado manual de acta para anular mesa en la que adversario tenía mayor votación (modalidad "Manchuria", el error activa anulación de acta); 4) Votación de personas fallecidas; 5) Inusual participación elevada de electorado en ciertas zonas afines con un candidato; 6) Mesas con resultados atípicos, un candidato obteniendo altísima votación y otro con cero o apenas unos cuantos votos, muy diferente a lo que se observó en la primera vuelta.

Un largo etcétera que acompaña esta lista y que compromete tal vez a más de un millón de votos (diferencia al 99% es de apenas 45 mil votos) nos coloca frente a una modalidad que podríamos llamar #FraudeHormiga, por analogía al denominado "contrabando hormiga" (en especial en el Altiplano sudamericano), que parece ser "un poquito de contrabando" por acción individual y aislada, pero hay grandes distribuidores y acopiadores, quienes a uno y otro lado (de la frontera o de la mesa) planean, articulan y consolidan un gran contrabando.

Estos hallazgos indiciarios podrían ser "cosas que siempre pasan" si es que fueran situaciones aisladas o aleatorias. Pero aquí tenemos la concurrencia de todos ellos, una concentración geográfica específica en cuatro o cinco zonas y una clara tendencia a favor de un solo candidato. Hagamos un gráfico mental: estos casos aparecían antes pintados en el mapa del Perú con muchos puntos por doquier. Hoy, a eso, se agregan manchones en Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno. Con abrumador favorecimiento para el candidato José Pedro Castillo de Perú Lápiz. Hasta se puede hacer docimasia de hipótesis para validarlo en forma cuantitativa, pero es tan burdo, vasto y masivo que ni siquiera se hace necesario, ya que se detecta en forma directa con una simple infografía una vez que se muestran los hallazgos. Con básicos conocimientos matemáticos e incluso con simple sentido común, la hipótesis de un fraude se hace muy evidente. La principal dificultad material es que se requiere –en el extremo– revisar una a una las casi 90,000 actas de sufragio y solo las autoridades electorales tienen la información estructurada que hace factible esa revisión.

Esta modalidad de #FraudeHormiga se ha dado en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Bolivia durante las últimas dos décadas, y sigue sucediendo. El socialismo tropical y andino del siglo 21, versión etnocacerista en nuestro Perú. Hay abundantes indicios, que no son situaciones aisladas, sino que lucen como patrones que revelan una manipulación centralizada y muy bien concebida para cambiar el resultado final a favor de Perú Lápiz. Peor aún si la diferencia final es tan corta, tal como era previsto por las tendencias y las encuestas del último día (favorable a Keiko Fujimori) y el boca de urna (también favorable a Keiko Fujimori. El conteo rápido incorporaría la posible manipulación de resultados en mesa, por lo que sus guarismos con una ligera diferencia a favor de José Pedro Castillo pueden explicarse debido a que ya contienen en su cálculo el #FraudeHormiga o #FraudeEnMesa.

Hay quienes piden hoy la auditoría del sistema informático de la ONPE. Lo que debe sorprendernos es que no se haya hecho tal auditoría y que en forma negligente, ninguna misión de observadores internacionales lo haya exigido ¿Qué han observado, entonces? ¡Qué vergüenza! Esa auditoría debe hacerse siempre y no esperar que alguien la solicite. Lo mismo con el cúmulo de observaciones y hallazgos, deben ser detectados, procesados y resueltos por las instancias competentes por su propia acción e iniciativa (de oficio), más allá de recursos que presentan las partes.

Esta es una verdad objetiva contundente. El sistema de procesamiento electoral es un desastre. A ninguno de nosotros nos permitirían que permanezcamos ni un minuto más manejando un sistema con tales deficiencias. Ya habría responsables, sanciones y correctivos. 

Negarse a atender casos de posibles actas manipuladas o fraudulentas cuyo proceso podría afectar el resultado final de la elección va directamente en contra del mandato constitucional. Más allá de reglamentos arbitrarios o ficciones burocráticas. Esos casos, además de ser pasibles de denuncia penal y la sanción correspondiente, arrastrarán a las autoridades en un futuro muy próximo, si es que no actúan con criterio de conciencia, de acuerdo a ley y siguiendo los principios generales del derecho (un reglamento solo es un instrumento), para cumplir lo fundamental, que es cautelar la genuina voluntad popular, de acuerdo al explícito precepto constitucional.