Delia Muñoz
Crecimiento y conflictividad
¡Más de cien meses de crecimiento económico y 183 conflictos sociales!
Este lunes se hicieron públicos dos informes: el del Instituto Nacional de Estadística (INEI) por el cual se da cuenta del incremento de la producción nacional(*), que suma un total de 115 meses de buenos resultados económicos; por otro lado el de la Defensoría del Pueblo(**) por el cual se reporta el incremento de conflictos sociales a 183, dando cuenta de un incremento en relación al mes anterior.
Si se revisa el informe del INEI, lo encontramos pleno de buenas noticias referentes a la evolución favorable de exportaciones no tradicionales, textiles y productos pesqueros, en un contexto de resultados positivos de los sectores productivos y del sector servicios, en restaurantes y alojamiento.
Si, por otro lado, se lee el Reporte de conflictos sociales, de la Defensoría, encontramos una gran preocupación por la persistencia de reclamos de poblaciones de Áncash (Chimbote), Cusco (Paruro y Chumbivilcas) y Pasco (Ticlacayan), los cuales han registrado 124 acciones de protesta y, en algunos casos, la atención al más alto nivel.
Aquí cabe preguntarse sobre lo que realmente está pasando. Pareciera que los mecanismos de consulta previa, participación ciudadana y mesas de diálogo resultan insuficientes para preparar un marco adecuado que consolide el acuerdo; y por eso se actúa por reacción cuando la crisis se desata y afecta los servicios de tránsito y de todo tipo, por las tomas de carreteras o huelgas que se declaran.
La Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y cada ministerio cuenta con una oficina similar. Adicionalmente, la Defensoría compila todos los hechos que se consideran conflicto a nivel nacional. Es decir, que existe personal e información disponible para analizar los conflictos; entonces lo que hace falta son las políticas centrales del Gobierno que permitan afrontar, mediante la apropiada gestión los más diferentes conflictos, pero en forma ponderada y acorde a los intereses de toda la sociedad peruana.
En las últimas semanas vamos tomando conocimiento de actas de acuerdo en el norte y sur del país, donde para evitar una movilización, un reclamo, una toma de carreteras, se está llevando al Estado (pues el Gobierno actual lo representa), a asumir una serie de compromisos de inversión en forma genérica con plazos de cuatro a seis años. Todo ello lo único que logra es parar la curva actual del conflicto; pero no lo resuelve y posterga la crisis para después del Bicentenario.
En las zonas donde la industria extractiva realiza sus actividades genera regalías o canon, que son administrados por los gobiernos regionales o locales. A ello se está sumando los compromisos del Gobierno central; entonces deben darnos explicaciones sobre cuál es la política del Gobierno para la gestión de los conflictos, cuál es la política de prevención, cómo se están articulando las autoridades para lograr los objetivos de desarrollo, y las tareas de reparación o remediación que se exigen.
Todo lo que está pasando nos lleva a la necesidad de plantear nuevas políticas públicas para prevenir el riesgo —es decir, los conflictos—, estar atentos a las alertas tempranas y buscar la transformación pacífica de los conflictos. Para ello el sistema estadístico y de acumulación de información creado debe contribuir a que la entidad encargada tenga un nivel más alto, que cuente con presupuesto y con capacidad de formular propuestas. La actual entidad es una de tercer nivel dentro de la PCM, que carece de capacidad de ejecución y proposición. Eso debe cambiar para dar paso a un sistema ágil de articulación temprana con los sectores y los gobiernos regionales y locales, a los que no se les puede permitir que sigan poniéndose de costado. O que encabecen los reclamos, generando un antagonismo entre niveles de gobierno del Estado.
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