Crecimiento económico: urgencias de corto plazo

En los últimos años hemos venido discutiendo si existe o no relación entre economía y política. En el 2017 se realizó una reunión de CADE denominada “Un solo Perú: no más cuerdas separadas”, que buscaba establecer una adecuada coordinación entre ambas disciplinas, con el objetivo de que el Perú alcance un crecimiento sostenido e inclusivo.

Hace unos días una calificadora de riesgo internacional señaló que la “estabilidad macroeconómica de Perú es frágil” y que esto se debe, entre otras razones, a la falta de institucionalidad. A eso se suman las estimaciones que publicó el diario El Comercio la semana pasada, señalando que la falta de inversión en proyectos mineros tendrá un impacto negativo a mediano plazo en el crecimiento de la actividad económica para el Perú.

No obstante, pareciera que la discusión hoy se ha centrado en el escenario político y las reformas que el Ejecutivo le ha planteado al Congreso. Reformas que incluyen la optimización de los canales de elección de los candidatos a los cargos públicos a través de las elecciones primarias en los partidos, así como el reperfilamiento de las fuentes de financiamiento de los partidos para evitar acusaciones de malos manejos y cuestionamientos posteriores innecesarios. 

Qué duda cabe que la actividad económica y el rol de la política pública en materia económica es el pilar fundamental para la sostenibilidad de Perú. Con la migración de población venezolana, la oferta laboral se ha incrementado de manera significativa; lo que puede impactar de manera directa en los salarios, dependiendo de si son trabajadores de alta o baja productividad.

Resulta evidente que este Gobierno tiene la enorme responsabilidad de poner en agenda y sacar adelante al menos tres temas claves para el desarrollo de nuestro país: reducir a su mínima expresión la creciente delincuencia, que afecta la tranquilidad de la población; garantizar la presencia del Estado a nivel nacional para que los proyectos de inversión se desarrollen en un clima de estabilidad; y apuntalar el destrabe de los innumerables procesos burocráticos que hacen ineficiente al aparato público, de cara a ganar competitividad con respecto al resto del mundo.

Tan importante como la agenda política es la económica, porque de ella dependen millones de puestos de empleo que se pueden crear. Y es inmenso el efecto multiplicador de esta política pública. Mejores empleos redundan en mayor capacidad adquisitiva, mayor demanda de servicios de educación y salud de calidad. Y más importante aún, “igualan la cancha” porque permiten que las oportunidades para todos los ciudadanos sean las mínimas deseadas para alcanzar movilidad social.

Esta movilidad es la fuente de la productividad, especialmente si va acompañada de adecuadas políticas públicas en materia laboral, que fomenten la innovación y el emprendimiento con encadenamientos productivos. Pero, sin duda, las decisiones que toman los empresarios se basan en expectativas y estas, a su vez, en la visión económica y la estabilidad política que se percibe en el ambiente.