Covid-19: ¿cómo llegaremos al bicentenario y qué hacer?

Es útil recordar que desde inicio de la década pasada la economía crecía a ritmo decreciente, y que en el periodo 2014-2019, pre Covid-19, la economía estaba estancada en un crecimiento promedio anual de alrededor de 3%, cuando en la década del 2000 se crecía en el entorno de 6% de promedio anual; es decir, el doble. Ello en gran medida por el limitado crecimiento –e incluso la caída en algunos años– de la inversión privada, que explica el 80% de la inversión total y cerca del 20% del PIB. Además, también cayó de manera significativa el crecimiento del consumo privado, que explica el 65% del PIB, ubicándose en el entorno de 2.5%, poco más de la mitad a la que evolucionaba en la primera década de este siglo. Para empeorar la situación, no sólo no se realizaban las reformas estructurales pendientes, proincremento de productividad, sino que incluso se retrocedía en aquéllas iniciadas al inicio de los noventa. 

Es en este escenario que nos toma el Covid-19 que, desde el punto de vista económico, afectó la oferta y la demanda por la decisión de establecer un periodo de cuarentena extenso. Llegarán a ser al menos tres y medio de cuarentena, lo que incluyó apagar el motor de alrededor del 60% de la actividad productiva. Pero no se contempló cómo tratar la alta informalidad laboral y empresarial, y luego se erró la estrategia de reincorporación de las empresas a sus operaciones, fijando cuatro fases progresivas en un periodo de cinco meses, desconociendo que la economía es un tejido empresarial que enlaza a todas las empresas (mirar si no una tabla de insumo-producto), para mencionar quizás los aspectos más críticos. Esto, que conlleva por cierto el grave problema de no contener aún el ritmo de contagio y –por ende– el alto costo social en términos de personas fallecidas, ha derivado en una caída profunda del PIB, que estimo que a fin de año estará en el entorno del -14%, explicada –entre otras variables– por una tasa negativa de la inversión y el consumo privado de alrededor del 30% y 5%, respectivamente, y de -20% las exportaciones. Además, se tendrá un significativo deterioro de las cuentas fiscales con un déficit cercano al 10% y una deuda pública externa superior al 30%.

Por cierto esto implica un altísimo costo social en términos de desempleo. Al momento de escribir este artículo han quedado en la calle 2.3 millones de trabajadores sólo en Lima. A ello se suma el incremento de la informalidad laboral (de 72% a quizás 80% de la PEA) y empresarial (no serían informales sólo el 10% de las mypes), todo lo cual aterriza en una lamentable subida de la pobreza a cerca del 30% de la población, retroceso de una década, y una sensible baja de aproximadamente 10 puntos de la clase media, que se había constituido en uno de los principales logros (al subir del 17% de la población a inicios del siglo a 45% el año pasado). 

Se debe buscar atenuar este escenario, altamente probable a fin de año, de inmediato, con al menos cuatro acciones centrales. La primera, quizás la más relevante y determinante, es lograr contener la epidemia; que efectivamente baje el ritmo de contagio y más aún el de fallecidos, evitar por supuesto el rebrote posterior pues sería terrible. Para ello se debe concentrar la atención en el hacinamiento de las viviendas de los barrios marginales, sin agua además, en los mercados y en el transporte público.

En segundo lugar, se debe permitir ingresar a operar de inmediato a todas las empresas que demuestren una tasa de contagio menor a uno. Es decir, que tengan un Ro inferior a uno, sujeto a control o supervisión posterior, con penalidades incluso altas de no cumplirlo.

La tercera acción es facilitar la liquidez (capital de trabajo) a las empresas a través de todo el sistema financiero, no sólo de los bancos, en especial para atender a las mypes que representan el 99% del universo empresarial, vía el programa “Reactiva Perú” o el FAE mype.

Finalmente, se debe impulsar la inversión tanto pública como privada; en especial esta última por el peso que tiene en el PIB. La pública se debe reactivar en línea con el llamado programa “Arranca Perú”, que suena bien en el papel pero que abre serias interrogantes por la limitada capacidad de gestión del sector público, que en los últimos años no ejecuta más del 65% en promedio del presupuesto de inversión. Algo evidenciado también con el limitado avance del programa “Reconstrucción con Cambios” y que se busca impulsarlo a través del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido.

Respecto a la inversión privada, corresponde que el Ejecutivo en sus tres niveles (nacional, regional y local) se comprometa de manera efectiva a desregular, eliminar trabas burocráticas y, en general, mejorar el ambiente de negocios en favor tanto de las obras de infraestructura paralizadas o por iniciarse antes del Covid-19, como de los múltiples proyectos de sectores productivos claves como el minero-energético y el agroindustrial, entre otros. La pobreza al final es un problema de carencia o insuficiencia de ingresos, hoy agudizado, que se genera por estar desempleado o subempleado, lo que se corrige vía inversión e incremento de productividad pues ello asegura tasa alta y sostenida del PIB per cápita. 

Para materializar cabalmente lo referido a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y dada la incertidumbre existente se requiere un “shock de credibilidad y confianza” de que se respetará el imperio de la ley y en concreto lo que señala la Constitución en el sentido que el sistema económico que rige en el país es el de una economía social de mercado. Esto es así en razón que se ingresa a un periodo político complejo de cara a las elecciones para elegir a las nuevas autoridades que estarán a cargo del país en el quinquenio 2021-2026.

No será posible concretar inversiones significativas en un escenario donde se aprueban normas y leyes absurdas, y se presentan proyectos económicos nocivos, a la par con intenciones de redactar otra Constitución o realizar profundas modificaciones a la vigente, especialmente del capítulo económico. El impacto que ha tenido el Covid-19 es enorme, y con altísimo costo socioeconómico. No contribuyamos a incrementarlo más y desestabilizar al país en lo económico, social y político.

Para concluir hay que referirse aunque de manera breve a qué hacer hacia adelante, con visión de mediano y largo plazo, para el próximo quinquenio o década. Dos aspectos centrales deben destacarse: las instituciones y la productividad. Respecto a lo primero corresponde realizar reformas profundas al Poder Ejecutivo, vía el cierre, fusión y reestructuración de organismos públicos, desregular, digitalizar, aplicar estrictamente el presupuesto por resultados y la llamada “meritocracia”; reformar al Poder Judicial, incluyendo el Ministerio Público e incluso la Contraloría; y, efectuar una profunda reforma política que comprenda al Congreso y partidos políticos.

En cuanto a la productividad a fin de incrementarla de manera permanente, pues al final es la que garantiza crecimiento a ritmo acelerado y sostenido, es tiempo de realizar –además de la inversión en infraestructura antes mencionada– las reformas estructurales pro capital humano y que se han evidenciado como indispensables para enfrentar la epidemia como son la de la salud y educación. Y vinculada a estas, la reforma pertinente a innovación, ciencia y tecnología; y por cierto las dos que además fortalecerán los fundamentos macroeconómicos que son la laboral y tributaria. Aquellos que aspiran ser gobierno o congresistas en el nuevo periodo que se aproxima deben elaborar y presentar al país sus propuestas al menos en estos aspectos claves.