Corrupción y Derechos Humanos

Nuestro país atraviesa una fase crítica en la lucha contra la corrupción. Venimos conociendo de una serie de hechos que no se quedan en la entrega de la dádiva de la empresa corruptora, sino que precisamente por esas dádivas se han suscrito contratos con derechos que favorecen a dichas empresas. Y que inciden en forma directa en el bolsillo del ciudadano, que debe asumir el sobreprecio que genera la corrupción. Algo que requiere adoptar decisiones inmediatas.

En el ámbito de los derechos humanos, los más diferentes sistemas vienen puntualizando que las personas que intervienen en los hechos de corrupción utilizan esquemas criminales para lograr decisiones gubernamentales o influir indebidamente en las campañas electorales, entre otras modalidades. Con ello se logra distorsionar las políticas públicas generando una afectación en los ciudadanos, que en forma directa o indirecta sufre los efectos o el costo de la corrupción. Con ello se genera la condición de víctimas de la corrupción.

El Estado debe establecer medidas de remediación y reparación en forma inmediata a los ciudadanos víctimas de las decisiones adoptadas en el marco de la corrupción, en la modalidad de financiamiento de campañas políticas. Se debe implementar las acciones necesarias para suspender la vigencia de las decisiones públicas corruptas.

En el caso de los peajes de nuestra ciudad capital, se tienen declaraciones que dan la apariencia de vulneración de derechos ciudadanos, sustentada en actos de corrupción. Por lo menos en este caso, mientras las diversas instancias gubernamentales piensan en la salida legal y constitucional o contractual, considero que la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus facultades, podría intentar alguna medida de protección.

Pasando a otro tema, el Reino de España concede al Perú la extradición por tres delitos en el caso de un ex juez supremo, obviando el delito de “organización criminal”. Y para ello el Tribunal español distingue entre acusación constitucional y el antejuicio, que es el que lleva al juzgamiento de hechos considerados delictuosos. Agrega que los hechos comentados —como utilizar palabras claves, tener relaciones de amistad y asistir a reuniones sociales que podrían haber sido financiadas por empresarios— no contribuyen a identificar a una organización criminal. Adicionalmente, anota la existencia de una contradicción, pues los otros funcionarios involucrados no vienen siendo investigados por integrar una organización criminal. Y por ello estiman no se acreditan los elementos que la tipicidad exige.

Esta situación debe llevarnos a reflexionar sobre las tareas técnicas que se debe desarrollar al interior de la Subcomisión de Acusaciones, donde el auxilio de expertos debe primar sobre el debate político, a efectos de cumplir con las investigaciones y acusaciones propias de un antejuicio que tiene que ejecutar el Congreso en sustitución del Ministerio Público.

Lo que pone en evidencia el pronunciamiento de primera instancia español, lamentablemente, es que suele ser una práctica nacional dejarnos llevar por la anécdota que genera el impacto de conocer los presuntos hechos de corrupción y, bajamos la calidad en la argumentación. Esta es una situación que no debe generar la búsqueda de culpables, sino tener presente la necesidad de auxilio especializado para realizar tareas que son ajenas a los representantes políticos del país.

Finalmente, recordemos que en nuestro país se suscribió el “Compromiso de Lima para la Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, el 14 de abril del 2018. Luego se decidió, mediante un Decreto Supremo, que el nombre del 2019 sería el del “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, teniendo como sustento que no se puede permitir que la corrupción continúe desviando recursos públicos en beneficio ilícito de unas cuantas personas.

El destape de corrupción y los compromisos asumidos obligan a las autoridades del Poder Ejecutivo y del sistema judicial a actuar en forma apropiada y correcta para evitar que la sensación de impunidad nos capture. Sanciones rápidas dentro de un proceso justo es lo que exige la sociedad democrática.