Constitución rechazada

Durante la presidencia de Gabriel Boric, Chile ha intentado, dos veces e infructuosamente, reemplazar su actual Constitución por otra nueva. Las motivaciones tras los rechazos a las propuestas constitucionales de 2022 y 2023, así como la persistencia de la Constitución de 1980, exigen un profundo análisis. ¿Cómo un país en franco retroceso dedicó medio mandato presidencial a improductivos cambios de Constitución?

En 2019, las protestas masivas mostraron el descontento chileno durante cinco meses, desatado por reclamos sociales y desigualdades económicas entre los sectores de la población. Aunque el gobierno respondió con diversas medidas ante los disturbios, se desencadenó la demanda por una nueva Constitución. La demostrada presencia de fuerzas locales y extranjeras promoviendo el vandalismo desenfrenado se sumó a los movimientos de protesta legítima, contribuyendo a la posterior elección de Gabriel Boric (2022-2026) y dos procesos constituyentes.

El primer intento de cambio, con la Convención Constitucional de julio de 2022, presentó una propuesta con 388 artículos; pero el plebiscito en septiembre demostró el claro rechazo del 62% del electorado. Los argumentos se relacionaron con su complejidad, ambigüedad y la polémica de una Constitución señalada como "el mamotreto".

La segunda propuesta constitucional sometida a plebiscito en diciembre de 2023 fue nuevamente rechazada con un 56% de votos en contra. Aunque Gabriel Boric reconoció la derrota, enfatizó la necesidad de trabajar en unidad. Las controversias y divisiones en la opinión pública, las críticas a la clase política y el hartazgo de la población se pusieron de manifiesto.

A pesar de múltiples reformas, la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura de Pinochet, con una aprobación del 67%, ha resistido los intentos por reemplazarla. Su origen autoritario ha traído múltiples modificaciones, manteniéndose como fundamento legal del país. Aunque persiste la denominación de "Constitución de Pinochet", es importante reconocer que la actual Constitución lleva también la firma de Ricardo Lagos, quien lideró reformas significativas en 2005 eliminando aspectos antidemocráticos. La Constitución original constaba de 120 artículos, tras esta reforma, se aprobaron 58 modificaciones, quedando un texto con 129 artículos; y a julio de 2022, posee 143. La continuidad de este marco legal destaca la importancia de mantener fundamentos arraigados de la historia política.

La experiencia chilena ofrece valiosas lecciones. En primer lugar, la fatiga ciudadana ante los procesos constitucionales, y que la unidad y humildad en los acuerdos son esenciales para preservar el orden. Más allá de los resultados del referéndum, la clase política debe enfocarse en abordar problemas inmediatos que no tienen índole constitucional. Las urgencias reales incluyen seguridad, economía, educación y salud, prioridades que deberán ser resueltas sin pretextos, ahora que han desechado el cambio constitucional.

Defender la constitución como entidad estable y duradera proporciona el marco legal y político sólido que contribuye a la estabilidad y continuidad del sistema, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. No implica la ausencia de modificaciones, pero deben evitarse los cambios inconsistentes.

Los rechazos a las propuestas constitucionales en Chile subrayan la complejidad de los procesos políticos, y la resistencia a las presiones, internas o externas, y a los cambios arbitrarios. América Latina observa con atención, consciente de que las transformaciones requieren un equilibrio entre necesidades y prioridades cambiantes. Pero queda claro que –basados en los fracasos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador– los países con instituciones sólidas ven en el reemplazo de sus constituciones un peligro para la democracia.