Concesión privada de cárceles y hospitales

En medio del drama que devela la situación de nuestras cárceles y hospitales, pocos recuerdan que, a fines del año 2010, en el Perú se estuvo a punto de tener la primera experiencia de un establecimiento penitenciario en manos privadas, bajo la modalidad de concesión. Pero cuando llegó al poder Ollanta Humala dejó sin efecto esta iniciativa. Del mismo modo, muchos ignoran que en nuestro sistema de salud funcionan ya desde hace algunos años dos hospitales de Essalud en manos privadas: en el Callao, el “Alberto Barton” y en Villa María del Triunfo el “Guillermo Kaelin”. Ambos atienden a cerca 500,000 asegurados, casi sin ninguna queja por parte de los afiliados. 

Pero, además, Essalud tiene, en la actualidad, 20 establecimientos de atención primaria concesionados que funcionan en diferentes lugares del país, con mucha eficiencia, bajo el subsistema denominado Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). La Municipalidad Metropolitana de Lima por su parte dirige 28 hospitales de Solidaridad (20 en Lima y 8 en provincias) a través de una modalidad muy específica de asociación con el sector privado, orientado a sectores económicos medios. Habría que preguntarse, ¿alguien se queja contra estas modalidades de gestión? 

Aunque en estos tiempos no resulta popular proponerlo, el fenómeno de concesión privada de cárceles está medianamente extendido a nivel mundial con relativo éxito. EE.UU., Brasil, Chile y varios países de Europa desde hace varios años han concesionado al sector privado diversas cárceles. Chile tiene seis cárceles concesionadas que albergan a 10,556 internos (18.8% de la población recluida en Chile, que a la misma fecha alcanzaba en total a 55,957 internos) a través del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Obras Pública. En el Perú, si el presidente Ollanta Humala no hubiera tomado la equivocada decisión de paralizar la primera iniciativa de concesión en este sector, quizás hoy ya tendríamos los parámetros para evaluar si valía la pena replicar esta experiencia o simplemente dejarla de lado. Ya en el 2008 ProInversión convocó a subasta pública internacional para la concesión de un establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, en la región Lima. El concesionario sería responsable del diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación por 25 años de este penal con capacidad para 1.536 internos primarios no reincidentes de Lima, Ica y Áncash. La inversión bordearía los US$30 millones para la construcción y equipamiento del penal. Pero, este proceso fue bloqueado por el humalismo. 

No se trata, por cierto, de promover la privatización de todo el sistema de salud y, mucho menos del sistema carcelario, pero les haría bien a ambos servicios tener dos o tres modalidades de gestión pública y privada alternativa para generar un sistema competitivo y de sinergias. Es una iniciativa que debería retomarse después de superar la actual crisis sanitaria, como parte de una modernización. De hecho, en los países mencionados que tienen cárceles en concesión al sector privado, existe una crítica a los procesos de privatización, pero en la mayoría de los casos están orientadas a corregir el sistema y no a dejarlos de lado. La crítica más recurrente radica en que los concesionarios no cumplieron con los procesos contractuales.

La concesión privada de una determinada cantidad de cárceles y hospitales tendría dos virtudes fundamentales. Por un lado, generaría un sentido de pertenencia del concesionario respecto a la cárcel u hospital, fomentando sistemas eficientes de atención al público, cuidando mejor sus recursos y optimizando la labor del personal médico y asistencial en el caso de los hospitales, tal como ocurre con los dos hospitales concesionados por Essalud. En el caso, de las cárceles podría potenciarse mejor el perfil de las cárceles productivas, resocializando a los presos e incorporándolo a la labor productiva. Por otro lado, crearía una saludable competencia, entre las modalidades de gestión pública y privada, creando un mercado de profesionales, técnicos y asistentes para mejorar los recursos humanos y sistemas gerenciales en ambos servicios. 

Es cierto que el riesgo radicaría en que los concesionarios podrían no cumplir los contratos; que en las cárceles la privación de la libertad de un ciudadano sea motivo de explotación y de alta rentabilidad del capital privado o que en los hospitales se utilicen los establecimientos para triangular iniciativas que terminen favoreciendo a las clínicas privadas y el sector farmacéutico. Sin embargo, esos riesgos no son propios del modelo de concesión en sí mismo, sino de los sistemas de regulación y supervisión que implique cada proceso de concesión por parte del Estado. Desde este punto de vista, el Perú de optar por extender estas modalidades de concesión debería aprender de las propias experiencias internacionales y de las asociaciones público-privadas en el Perú, tales como los peajes y otros proyectos, bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. 

Los precarios sistemas, tanto en las cárceles y en la red hospitalaria, no solo se deben a falta de suficientes recursos, sino también a un déficit de gestión y de altos niveles de corrupción, tanto de mayor o menor cuantía. Y una manera de corregirlos es creando una competencia positiva de diversas modalidades de gestión, donde exista una fuerte y oportuna regulación del Estado para evitar abusos. Una de las taras que tiene cualquier sistema de provisión de servicios, solo estatal, proviene del hecho que terminan vegetando en el tiempo porque no existe una costumbre de emulación y permanente cambio. Si en un sistema existe una monótona forma de gestión, a la larga aquello genera burocratismo, falta de creatividad y hasta mafias. Una manera de hacerlo es creando competencia de cara a los usuarios, generando formas de atención, sistemas de consulta, formas gestión que siempre inculquen el cambio.