Combustibles con 10 ppm de azufre: seria complicación gubernamental

Hasta el momento se ha estado comentando en el ámbito de economía y negocios sobre el cumplimiento normativo (DS-003-2024) de comercializar diésel y gasolinas a partir del 1 de octubre del presente año, con 10 partes por millón (ppm) de azufre. La visión ha estado centrada en lo que hará el gobierno, especulando lo obvio ¿cuándo publicarán el diferimiento de la entrada de vigencia de la medida?

Es una perogrullada decir que tendrá que haber postergación, porque la publicitada Nueva Refinería Talara (NRT) de Petroperú (PP) tendría que paralizar operaciones, ya que está diseñada para producir diésel y gasolinas con 50 ppm. Las responsabilidades sobre este divorcio de la realidad con las posibilidades de la refinería y la publicación de la norma que fija fecha obligatoria para este año, son muchas y deben ser punibles. Sin embargo, la evaluación de la solución no ha puesto la mirada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

PP ha manifestado desde febrero del 2023 (carta GGRL-278-2023), reiterado en septiembre del 2013 (carta GGRL-1656-2023) y confirmado en marzo 2024 (carta GGRL-0422) que no podrá producir combustibles con 10 ppm hasta fines del 2027. En esta última comunicación han sido explícitos en afirmar que requieren inversiones en las plantas de hidrotratamiento de diésel y de nafta craqueada para cumplir con el objetivo. Es evidente que sin recursos no podrán iniciar los trabajos, aquí es donde entra a tallar el MEF. 

En primer término, es necesario precisar la cuantía de la inversión, se refiere en círculos especializados que el costo será no menor a 300 millones de dólares (MMUS$), que PP no tiene y que la salida es que nuevamente el gobierno acuda a apoyar a la petrolera. Para hacerlo hay que sincerar cuentas, no basta el entusiasmo que desbordan en las oficinas de Canaval y Moreyra, del distrito de San Isidro. 

En el MEF, el flamante titular, José Salardi, tiene que estar muy seguro de lo que realmente necesitará la empresa este año, y para eso debe verificar los supuestos que anuncia el presidente Alejandro Narváez: volúmenes proyectados de venta, margen de refinación neto, gastos administrativos y de ventas, carga financiera adicional a los 340 MMUS$ que deben pagar el 2025 a bonistas y crédito sindicado representado por Deutsche Bank.

Un cálculo muy optimista señala que por lo menos habrá un déficit de 130 MMUS$ este año, a lo que habría que adicionarle los desembolsos para el inicio de los trabajos para conseguir combustibles con 10 ppm de azufre. La caja fiscal, con el déficit que arrastra no puede darse el lujo de un egreso más y nuevamente tendrán que recurrir al Banco de la Nación, que ya está comprometido con 2,000 MMUS$ con PP. 

Este ejercicio de flujos con cifras que deben ser validadas por terceros que conocen el negocio, es la primera tarea que tendrá José Salardi. Haciendo las cosas con rigurosidad y celeridad, llevará no menos de dos meses hasta la emisión del decreto de urgencia que autorice la operación crediticia. Esto es importante para poner una fecha de postergación creíble de la comercialización de combustibles con 10 ppm, que sea de utilidad de los agentes económicos sobre los que impacta la medida. 

Cuando PP anunciaba que su proyección de fecha era a finales del 2027, corría el mes de marzo del 2024, lo que significaba que las tareas le conllevarían 45 meses (3 años y 9 meses). Tomando en cuenta que el MEF estructure el apoyo en 2 meses, estaríamos hablando que PP podría estar apto en 3 años 11 meses, es decir en enero del 2029, que debería ser la nueva fecha de compromiso de comercializar carburantes con 10 ppm de azufre. 

Corresponderá al MEF liderar por ser un tema de su ámbito y porque en la junta general de accionistas de la petrolera estatal, representa el 60% de las acciones.