Cambios y renovación en el Tribunal Constitucional

En el mes de junio de este año, seis de los siete magistrados integrantes del Tribunal Constitucional concluyeron su periodo. No ha sido posible, hasta este momento, proceder ni al nombramiento ni a la urgente y requerida renovación de esos altos cargos por un impasse de tipo interpretativo de la norma que establece el procedimiento de conformación de la comisión que debe proponer su designación. Una vez más, comprobamos que en nuestro país la frondosa legislación existente no siempre garantiza ni su cumplimiento ni la cabal comprensión de la propia idiosincrasia que parece orientada a hacer complicado lo que debería ser sencillo.

Al margen de las formalidades jurídicas, existe una condición algo espuria en la permanencia del conjunto de magistrados que está en el TC. Comprobamos, como ciudadanos “de a pie” que somos, que algunos de los que se mantienen en el cargo, cambiaron un voto ante un caso de habeas corpus, por lo que nos enfrentamos a un equipo de magistrados de poca representatividad y, cuando menos, de poca legitimidad. En este caso, se habría incumplido una de las funciones fundamentales de este ente colegiado: la autonomía respecto a cualquier poder o presión, venga de donde venga.

El país requiere precisamente que se cumpla la razón fundamental de esta entidad. Requiere de un Tribunal Constitucional altamente digno, calificado, independiente y representativo, cuyas sentencias sean no solo jurídica, sino socialmente impecables y se conviertan en referentes para acciones y opiniones emanadas de ciudadanos sin tacha alguna, sin otro compromiso que no sea con la honesta interpretación y aplicación de las normas.

Recientemente hemos sabido que por fin —aunque con tardanza— se ha conformado la comisión parlamentaria que tendrá la responsabilidad de la elección de los nuevos magistrados. Esta comisión ha quedado formada por los congresistas Miguel Torres, Luis Galarreta, Marco Arana, Marisol Espinoza, Víctor A. García Belaunde, Alberto Quintanilla, Javier Velásquez Quesquén, Clayton Galván y Alberto Oliva. De este modo, han quedado representadas las bancadas del Apra, Fuerza Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Cambio 21 y Peruanos por el Kambio.

Algunos medios de comunicación han lanzado ya la noticicia de quiénes serían los preseleccionados para obtener esta altísima dignidad de ser magistrados de nuestro Tribunal Constitucional. Se mencionan los nombres de algunas personas ya conocidas por su desempeño profesional y aparecen los nombres de nuevos personajes en el espectro de la función pública, lo que siempre significa un renovación de las instituciones. Los nombres voceados han sido los siguientes: Manuel Sánchez, Carlos Hakanson, Beatriz Merino, Marco Falconí, Francisco Tudela, Víctor García Toma y Ernesto Álvarez Miranda. De ellos, los dos últimos han ejercido ya esa función.

Me llama la atención que la propuesta incluya solo a una mujer. Máxime cuando se ha aprobado una norma expresa que “obliga” a que en todo proceso de elección o representación exista lo que se conoce como la “paridad”. Es decir, que en el Tribunal Constitucional, debería proceder a elegirse cuando menos a tres mujeres, si no son cuatro. Esta es la tarea que tendrá la comisión parlamentaria, que en su propuesta haya cuando menos el nombre de tres mujeres. Y vaya que si las hay en el Perú y muy capaces, competentes, experimentadas y dignas.

En este caso, me siento contenta que se deba aplicar la tan cuestionada norma de la paridad pues veo que en nuestro medio hay mujeres que deben ser convocadas y reconocidas. No por ser un “número” para satisfacer una pauta legal, sino que por sí mismas, sus logros y desempeño, valores y capacidad, merecen asumir responsabilidades de alta complejidad moral y jurídica. Hay muchas que cumplen plenamente con los requisitos que se señalan en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que destacan por la práctica del ejercicio profesional como abogadas y como docentes de amplio reconocimiento.

Deseo para mi país un Tribunal Constitucional que siempre, pero especialmente en estos momentos, se desempeñe con profesionalismo, apego a la ley, rectitud, lucidez y probidad. En manos de ellos estará la definición, en gran medida, de nuestro futuro político.