Barbadillo Inn

Ser presidente de la república en el Perú parece haberse convertido en una profesión de riesgo; casi como la del sacerdote-rey del templo de Diana en Aricia, que sirvió de pretexto a James George Frazer para su gran libro La rama dorada. Como sabemos, la ley de sucesión para ocupar ese puesto consistía en asesinar al sacerdote anterior. Así, teníamos en el antiguo Lacio a un personaje en eterna vigilia, que no podía disfrutar plenamente de las granjerías de su oficio, pues debía esperar, espada en mano, la llegada inevitable de su próximo sucesor (dicho sea de paso, el estudio sobre la magia y la religión de Frazer es una maravilla altamente recomendable, antes por su calidad literaria que por su peso científico). 

Así, tenemos ahora en el Perú a tres regios inquilinos, a tres individuos que compartieron el destino de haber sido alguna vez outsiders y luego outlaws: Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejando Toledo. Ollanta Humala también estuvo preso un tiempo por allí y quizás, cuando sus ángeles de la guarda se cansen o vuelen lejos (qui potest capere, capiat), vuelva por allí. En el caso de Martín Vizcarra, también se cierne sobre él cierta amenaza de hospedarse en aquel lugar, pero parece que su red de poder todavía lo preserva de ese destino. Sin embargo, creo que es cuestión de tiempo para que vaya a pasar una temporada por allí. 

En el caso de la actual presidenta, Dina Boluarte, habría que ver si se habilita un anexo especial femenino ya sea si se le logra condenar por la absurda, elástica y tendenciosa teoría de dominio del hecho (que tendría también que salpicar a Francisco Sagasti por los muertos del paro agrario y, mucho peor aún, a Martín Vizcarra, por su olvidada masacre de los penales e incluso por los muertos de la tragedia del Thomas Restobar, mínimo), o por las más complicadas denuncias de empresarios sobre manejos turbios durante los tiempos de sus malas juntas perulibrescas. 

Algunos se sienten avergonzados de que en el Perú haya tantos presidentes presos. A mí, en lo particular, no me avergüenza en lo más mínimo; más aún, hasta cierto punto creo que tenemos un motivo para ufanarnos. Es de sobra conocido que los tentáculos de la corrupción han llegado muy alto en casi todos nuestros países vecinos. Incluso todo un premio Nobel de la Paz e ídolo progresista global, como el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, se vio involucrado en acusaciones al respecto. Claro está que se archivaron después por falta de pruebas. ¡Y cómo no iban a escasear las pruebas si los principales testigos de los escándalos en ese país tienen la mala costumbre de morirse antes de tiempo…!

Otros países, verdaderamente colonizados por clanes de clientelismo político y de corrupción en todos los sectores políticos por décadas y ya casi siglos, más allá de atestiguar dimes y diretes entre capos rivales, no han podido meter ni a uno solo de sus expresidentes ni siquiera un mísero juzgado de paz para que responda por alguna cosa. Es el triste caso de México.

En el Perú, en cambio, lejos de las paranoias de algunos que nos quieren hacer creer que todo está podrido, el Poder Judicial y el Ministerio Público, al menos ante figuras públicas y de poder, parecen no amilanarse, ni ante izquierdas ni ante derechas. ¿Que hay lawfare? Probablemente, pero democráticamente distribuido. A veces una facción bombardea a un político de un sector, a veces otra a uno de un sector opuesto. Lo cierto es que la permanente amenaza que Víctor Andrés Belaunde detectó en nuestro primer siglo republicano –el absolutismo presidencial–, ha sido conjurada no solo por el Congreso, sino también por el Poder Judicial. De ahí que nuestros últimos aprendices de dictadores (Vizcarra y Castillo) hayan durado, en el primer caso, solo un año y medio, y en el segundo, unas pocas horas, luego de patear el tablero. Y que también hayan sentido  la mano de la justicia cada vez más cerca de alcanzarlos.