Bajando al MEF del pedestal

 

Recientemente el alcalde del distrito de San Juan Bautista (Ayacucho), Mardonio Guillén, denunció ante el propio Presidente de la República que un presunto emisario de funcionarios del MEF le pidió el 5% del valor de la obra de saneamiento de la quebrada de Chaquihuaycco para que el Tesoro Público programe el desembolso de los fondos requeridos para ejecutarla. El burgomaestre no accedió a la demanda, y por tanto la obra no se realizó. Y ahora acaba de dictarse prisión preventiva contra un ex funcionario del MEF quien —en ejercicio de sus funciones en ese ministerio— se coludió y emitió un informe técnico deliberadamente erróneo para posibilitar el ilícito cobro de beneficios sociales excesivos por parte de decenas de extrabajadores de Enapu S.A.

No es la primera vez que se formulan denuncias semejantes contra funcionarios del MEF, y esto es reflejo de las graves distorsiones institucionales del Estado peruano, que han convertido al MEF en un descontrolado superministerio. No erró un connotado politólogo cuando declaró que en lugar de votar cada cinco años para elegir al presidente de la República debiéramos hacerlo para elegir al titular del MEF, pues es este quien realmente detenta el poder dentro del Gobierno. Es hora de corregir tamaña deformación.

Hagamos historia. La década de los noventa comenzó con un país destrozado y con una administración estatal totalmente deformada y disfuncional, como herencia de la imprudente gestión gubernamental de Alan García. Ante ese escenario, el Gobierno inicial de Alberto Fujimori adoptó medidas muy radicales para conjurar el desastre, con resultados en general exitosos.

Una de esas medidas fue la recentralización de diversas funciones estatales dentro del MEF, incluyendo —por ejemplo— la del planeamiento estratégico del Estado. Tal vez esa fue una decisión indispensable en el corto plazo; pero las evidencias indican cada vez más que su perennización ha resultado contraproducente. Hoy resulta urgente —como lo ha planteado la OCDE al Perú— una reorganización del “centro del Gobierno”, que entre otros aspectos acote y someta a controles las funciones desempeñadas por el MEF.

Las razones para abogar por la acotación funcional y el control democrático del MEF son muchas y significativas. Entre otras, que su actual sobredimensionamiento propicia la disfuncionalidad del Gobierno; y más obviamente, que el exceso de poder acrecienta los riesgos de corrupción, que en el caso del MEF ya son clamorosos.

El Estado peruano necesita contar con un mecanismo de planeamiento estratégico eficaz, distinto al hoy simbólico e ineficaz CEPLAN. Un mecanismo que —entre otros aspectos— tenga la responsabilidad de aprobar las propuestas técnicas y los desembolsos de fondos fiscales para los proyectos de desarrollo en todo el país, dentro de los límites de disponibilidad presupuestal que el MEF debe continuar fijando. Este es el modelo institucional que predomina entre los países en desarrollo bien gobernados, pues no es función típica de un ministerio de economía ser el titular de los procesos de planeamiento estratégico estatal, ni tomar decisiones —en el caso del MEF, con absoluta falta de transparencia y notoria carencia de probidad— sobre qué obras públicas debieran ejecutarse. La falta de ese mecanismo de planeamiento estratégico hace que el Estado peruano asuma frente a la ciudadanía un perfil reactivo, y que la asignación de recursos presupuestales esté notoriamente desalineada respecto a las necesidades del desarrollo nacional.

Aún más, todo sistema democrático saludable se caracteriza por el eficaz funcionamiento de los mecanismos de control sobre el desempeño de las entidades estatales y de sus funcionarios. En el caso del MEF, estos no existen o son notoriamente ineficaces. Resalta en particular la Comisión de Presupuesto y Cuentas Nacionales, del Congreso, que debiera estar dotada de un significativo equipo profesional capaz de analizar a profundidad las propuestas de Presupuesto de la República que anualmente presenta el MEF para su aprobación en el Congreso (control ex ante) y luego el informe de cuentas nacionales sobre la ejecución presupuestal del ciclo anual precedente (control ex post).

Debido a sus carencias, esa fundamental instancia de control democrático sobre el MEF es, en los hechos, inoperante; pues sabido es que la Comisión de Presupuesto y Cuentas Nacionales limita a endosar acríticamente y sin mayor análisis todo documento que le remite el MEF. Es decir, un instrumento tan decisivo para el bienestar de cada peruano y del país todo, como lo es el Presupuesto General de la República, carece de cualquier elemental control democrático sobre su formulación, gestión y eficacia.

Es hora de acabar con la deificación del MEF, con la santificación de su burocracia, y con las visiones simplonas sobre el rol del Estado. Una de las ofrendas que debemos a la patria en la próxima celebración del Bicentenario de la Independencia es la reforma del “centro de Gobierno”, para que podamos avanzar a paso firme en nuestro desarrollo nacional. La reforma del MEF es el primer paso a dar en ese rumbo.