Oscar Schiappa-Pietra
TLC con Estados Unidos: reflexiones a una década
Se necesita un cambio de rumbo
Este primero de febrero se cumple la primera década de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por el Perú con los Estados Unidos. ¿Ha sido beneficioso para nuestro país? ¿Cuáles han sido sus principales impactos, tanto positivos como regresivos? Una primera respuesta es que no lo sabemos, pues sorprendentemente, y a contramarcha de todo el vigor político desplegando mientras ese acuerdo se negociaba, no existen estudios que evalúen empíricamente sus resultados para el Perú, y los análisis predictivos realizados por entonces fueron pocos e imprecisos.
¿Cómo explicar la indolencia intelectual de nuestros gremios empresariales, de las universidades, de los centros de investigación privados y del propio Estado, a los quen no les preocupa evaluar los efectos del TLC suscrito con los Estados Unidos, y en general, de todos los TLC negociados por el Perú? Esta es una inexcusable omisión que debe superarse pronta y sistemáticamente. De otro lado, esta es una materia que requiere desideologizarse: los TLC no son en abstracto beneficiosos ni perjudiciales, y sus impactos tienen que ser evaluados a la luz de muy diversos elementos contextuales. Y de común, sus beneficios más usuales van aparejados con efectos regresivos, a veces puntuales y poco evidentes, aunque no por ello menos significativos.
Empecemos por lo epidérmico. En 2006, el Perú importó de Estados Unidos US$ 2,926 millones, y le exportó US$ 5,880 millones, lo cual nos representó una balanza comercial favorable de US$ 2,953. En 2018, le importamos US$ 8,060 millones y le exportamos US$ 6,513 millones, lo cual nos representó una balanza comercial negativa de US$ 1,547 millones. Es decir, comparando esos dos años, las importaciones peruanas de Estados Unidos aumentaron en 175.46%, las exportaciones decrecieron en 10.76%, y la balanza comercial alcanzó una desmejora para nuestro país de -152.38%. Sin embargo, un análisis detallado de impactos requiere que se trascienda la superficialidad de las cifras de la balanza comercial y del PBI, pues la realidad no admite ser encasillada por unos pocos guarismos.
En efecto, existen diversos otros impactos de los TLC que deben considerarse, por ejemplo en términos de incentivo hacia el establecimiento de nuevas actividades empresariales, de mejora en la productividad, de promoción del desarrollo institucional en sectores puntuales, y de introducción de variadas buenas prácticas de gestión empresarial y de administración pública. En cuanto a lo primero, debe destacarse que las exportaciones no tradicionales peruanas al mercado estadounidense se han incrementado sostenidamente desde 2010, cuando totalizaron casi US$ 1,970 millones, mientras que en 2017 alcanzaron los US$ 3,374 millones (71.28% de aumento). Este dato es importante por los encadenamientos que apareja, considerando en particular que una proporción significativa de ese incremento se ha originado en el sector agroexportador, lo cual tiene un alto impacto sobre la generación de empleo en zonas con alta incidencia de extrema pobreza. Aún más, una alta proporción de los empleos generados por las agroexportaciones benefician a mujeres.
Merece además destacarse que los TLC suscritos con Estados Unidos y con la Unión Europea han tenido un significativo impacto promotor de sustanciales mejoras normativas y organizacionales sobre estándares laborales y medioambientales en el Perú. Conviene recalcarlo haciendo memoria, pues entre 2005 y 2008, cuando se negociaba con los Estados Unidos el contenido del TLC, los principales gremios sindicales y diversos colectivos de ONG se opusieron tenazmente a la suscripción de tal acuerdo, argumentando que el mismo iba a deteriorar los estándares laborales, medioambientales y de salud en nuestro país.
Aunque se requieren estudios a profundidad para clarificarlo con mayor precisión, las evidencias empíricas disponibles permiten aseverar que ha ocurrido exactamente lo opuesto, particularmente en relación con la protección laboral y medioambiental. La Creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), del Ministerio del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) son directo y positivo resultado del TLC negociado con Estados Unidos, que se ha visto reforzado por el TLC suscrito luego con la Unión Europea. Y, pese a las evidencias, esos gremios sindicales y colectivos de ONG que protagonizaron la oposición al TLC con Estados Unidos, jamás han formulado una autocrítica pública en reconocimiento a su error.
Existen muchos otros impactos derivados del TLC suscrito con Estados Unidos que requieren ser determinados fácticamente y analizados, tanto los positivos como los negativos. Eso debiera informar el diseño y la actualización de la política comercial del Perú, y guiarnos en nuevos procesos de negociaciones de TLCs con otros países.
Con subrayada preocupación, pero como evidencia adicional de lo que venimos sosteniendo, debe mencionarse el emergente conflicto que viene gestándose por lo que las actuales autoridades de Estados Unidos interpretan como un grave y sistemático incumplimiento por parte del gobierno del Perú de las obligaciones asumidas en el marco del Anexo sobre el Sector Forestal que forma parte del TLC suscrito con su país. En específico, las autoridades estadounidenses objetan lo que perciben como inacción del Estado peruano para enfrentar el masivo problema de la tala ilegal de bosques en su Amazonía. El conflicto se ha agravado en semanas recientes debido a la políticamente torpe decisión del Gobierno peruano de transferir el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), de la PCM al Ministerio del Ambiente, lo cual viene siendo interpretado en Estados Unidos como expresión de una voluntad de debilitamiento de las capacidades de esa entidad.
Como antecedente conviene recordar que Estados Unidos donó al Perú US$ 90 millones, dentro del marco del Anexo sobre el Sector Forestal que forma parte del TLC, para que OSINFOR tuviese capacidades efectivas, incluyendo la implementación de un sistema informático de trazabilidad de cada trozo de madera, desde el tocón hasta la exportación. Sin embargo, ese sistema parece no funcionar, y es masiva la falsificación de documentos para “lavar” la madera ilegal y poderla exportar. Así, en 2016, las autoridades estadounidenses incautaron un cargamento de madera peruana en Houston, y OSINFOR acreditó que el 93% del mismo era de origen ilegal.
Es especialmente importante tomar nota de la dinámica política que empieza a bullir en Estados Unidos en torno a la incapacidad de nuestro gobierno para enfrentar decididamente la tala ilegal de bosques en la Amazonía. The New York Times ya se ha referido reiterada y visiblemente sobre el asunto (*), exigiendo se impongan sanciones al Perú. Y, no obstante la gran polarización existente entre los dirigentes de los partidos Demócrata y Republicano, se evidencia un inusual consenso en torno a la necesidad de actuar enérgicamente frente a las infracciones de nuestro gobierno. Richard Neal, congresista Demócrata por el estado de Massachusetts, y nuevo presidente del poderoso Ways and Means Committee de la Cámara de Representantes, hace pocos días dirigió una carta al Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, criticando severamente la transferencia sectorial de OSINFOR, lo cual calificó como una “descarada decisión de mala fe” y un “un ataque flagrante al corazón del Anexo sobre el Sector Forestal del TLC”. A su turno, Robert Lightizer, no obstante ser poco simpatizante de los temas ambientales y ser uno de los funcionarios integrantes del “núcleo recalcitrante” del Gobierno de Trump, sorprendentemente respondió a los dos días señalando estar “en completo acuerdo con usted y con sus colegas que esta medida [del Gobierno de Perú] es inaceptable”.
Lightizer, además, en representación de su Gobierno, ha solicitado iniciar un proceso de consulta con el Perú en torno a este asunto; y, de no alcanzarse una solución satisfactoria, nuestro país podría ser sometido a un proceso de arbitraje según lo previsto en el TLC, cuyo resultado nos sería evidentemente muy adverso.
Resulta penoso que al cumplirse la primera década del TLC suscrito con Estados Unidos, la ocasión se vea empañada por nuestra incapacidad analítica para determinar de modo sistemático y basado en evidencias los impactos de ese importantísimo acuerdo comercial, y por la deplorablemente eficaz acción de las mafias de taladores ilegales que atentan contra la seguridad nacional y contra la sostenibilidad de la humanidad. Ojalá el aniversario de esta efeméride propicie la promesa de un cambio de rumbo por parte de nuestros gremios empresariales, de la academia, de la sociedad civil y del Estado para comprender y actuar mejor en materia de políticas de libre comercio.
(*) https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/us-peru-forest-trade.html y https://www.nytimes.com/2019/01/16/opinion/us-peru-trade-timber.html
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