Baja inclusión financiera y desempleo

Construir un futuro con oportunidades y movilidad social

Hace unos días la SBS publicó un informe en el que señalaba que cerca de 180,000 jóvenes estaban excluidos del sistema financiero porque recibieron crédito y no pudieron pagar las obligaciones que adquirieron. Si bien es cierto que los jóvenes son impulsivos y que las entidades financieras deben medir adecuadamente el riesgo de crédito, lo cierto es que el desempleo juvenil es el triple del desempleo promedio y que el nivel de calificación para el trabajo de los jóvenes es muy bajo.

Con una baja tasa de crecimiento del PBI, la capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo resulta muy pobre, y la capacidad de repagar obligaciones se reduce significativamente. Es por ello que el gobierno hace muy bien en plantearse como herramienta de reactivación inmediata la promoción de actividades de empleo juvenil temporal.

Pero lo que además sí puede hacerse, y resulta totalmente efectivo, es hacer obligatorio el dictado de competencias financieras desde inicial hasta la formación universitaria y técnica. Un joven con una buena calificación para el trabajo y competencias financieras adecuadas tiene mayores opciones de obtener un empleo que le permita vivir de manera adecuada, tomar un crédito si y solo si el retorno de la inversión supera al costo del financiamiento, y ahorrar para la adquisición de activos.

La base de la reactivación radica en la generación de ingresos, buena capacidad de consumo y acumulación de ahorro para mediano y largo plazo. Es por ello que el desarrollo de productos financieros novedosos —que le permitan al joven ahorrar y no endeudarse—, e invertir en su formación personal y en el fortalecimiento de sus emprendimientos resulta fundamental para que la productividad marginal del trabajador se incremente y, con ello, su capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente.

Es momento de jugársela por el país. Y esta política de inclusión financiera y generación de empleo juvenil debe venir acompañada de incentivos para que las empresas incorporen en su política de gestión una combinación de respeto al cuidado del medio ambiente, protección de las relaciones sociales y adecuadas decisiones de financiamiento, a favor de la sostenibilidad y retorno social de las inversiones. El consumidor debería poder castigar a aquellas empresas que incumplen con las buenas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza.

Vamos a jugárnosla por el Perú y a apoyar la generación de empleo adecuado para nuestros jóvenes, para que podamos construir un futuro con oportunidades y movilidad social. No más centros comerciales como Nicolini, no más jóvenes inocentes muertos. No más esclavitud laboral, sino libertad para soñar.

Giovanna Prialé Reyes