Baile del salón rancio aún suspende paros

El paro de transportes del lunes pasado fue suspendido en Lima. Pero en el Cusco hubo un bloqueo de carreteras. El paro fue suspendido luego de “acuerdos” de los grandes transportistas formales con el Gobierno. Firmaron el acta la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, y la Unión de Gremios de Transportes Multimodal.

Los grandes gremios de carga pesada suspendieron el paro a cambio de sus “acuerdos” con el Gobierno. ¿Cuáles fueron estos “acuerdos”? El principal es incluir el diésel B5S50 en el Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles (FCPC) por tiempo indefinido. Así figura entre los puntos del acta firmada. Esta inclusión es un engaño. El hecho es que el galón de ese diésel está hoy entre S/ 11.5 y S/ 23. Aún no tiene reducción, luego de la suspensión del paro, y está por verse si la habrá. La experiencia al respecto no es prometedora. El GLP envasado (balón de gas), incluido en el FCPC hace dos meses para bajar en S/ 11 soles el balón, no solo no ha reducido su precio, sino que este ha vuelto a aumentar. Actualmente, el balón de 10 kilos está entre S/ 38 y S/ 63. Es decir, si la inclusión no es un engaño desembocará en un subsidio escondido.

Los gremios de carga no son los únicos con “acuerdo”. La reunión de los gremios formales de transporte urbano de Lima con el Gobierno fue el 3 de noviembre, cinco días antes del paro. El “acuerdo” en ese caso renovó las rutas a los transportistas por 10 años. Comentó luego el ministro que el plazo de 10 años “se enmarca en el esquema de concesiones que permite a los transportistas títulos estables”. En verdad estas licencias son títulos nobiliarios del más rancio mercantilismo.

El encono en el enfrentamiento permanente entre formales e informales es tan fuerte que hace perder de vista a los transportistas que el verdadero enemigo lo tienen en común: el oligopolio público-privado de Petroperú con una empresa privada extranjera, que controla los precios de los combustibles sin que el organismo regulador pueda o intente siquiera impedirlo.

Tal es el margen de discrecionalidad del oligopolio en los precios que al Gobierno de turno le resulta fácil enfrentar a los transportistas entre sí –formales versus informales, grandes versus pequeños– llegando a “acuerdos” con unos contra otros. Mientras tanto, sube los precios a todos no solo para acomodar las alzas internacionales, sino mucho más allá, para financiar planes políticos aún más rancios. Como el retorno a los campos de La Brea y Pariñas para abastecer la refinería de Talara.

El 30 de noviembre habrá otra reunión de los transportistas formales con el Gobierno para evaluar el cumplimiento de los “acuerdos” que suspendieron el paro. Allí se comprobará que –tal como ocurrió con los de marzo, en plena campaña electoral– los “acuerdos” no se habrán cumplido.

La nueva fecha del paro es el 1 de diciembre. Y así prosigue el baile del salón rancio.