A río revuelto, ¡ganancia de blindados!

 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República realizada el jueves último se sustentó el informe acusatorio formulado por el congresista Horacio Pacori —de la bancada de Nuevo Perú— contra el señor Cesar Hinostroza (ex juez supremo) y otros cuatro ex miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Informe de la investigación que se viene realizando en el Congreso de la República en atención a diversas acusaciones constitucionales derivadas del caso CNM Audios” pues corresponde a este poder del Estado evaluar las acciones de los miembros de la referida entidad y de la Corte Suprema ante una denuncia constitucional.

Cabe enfatizar que, esta investigación es distinta e independiente de la mega investigación que se viene realizando por parte del Ministerio Público a la presunta red criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”. En esta última investigación las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial están ejecutando una serie de acciones para determinar la responsabilidad de los involucrados, mediante medidas como interceptaciones telefónicas, calificación de testigos eficaces, levantamiento de secretos bancarios, incluso mandatos de detención preliminar de algunos de los implicados.

Al iniciarse el debate, diversos Congresistas, como Juan Sheput (PPK), Javier Velásquez Quesquén (Apra) o Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) pusieron en evidencia una serie de debilidades en el texto del Informe, así como en la propia sustentación. Estas debilidades fueron explicadas en los alegatos de la defensa técnica, a cargo de los abogados defensores de los investigados, quienes aprovecharon para acusar al Congreso de afectar el debido proceso y el derecho de defensa.

En esos procedimientos seguidos ante el Congreso corresponde al “congresista ponente” sustentar la acusación (función que recayó en el congresista Pacori), debiendo acreditarse la existencia de indicios razonables o causas probables sobre los hechos imputados a los investigados. En mérito a ello, los otros congresistas pueden votar sobre la procedencia o improcedencia de lna infracción a la Constitución y sobre la presunta comisión de ilícitos penales. Este informe cobra relevancia en atención a su propio contenido.

Como hemos señalado, los congresistas Sheput, Velásquez Quesquén y Vilcatoma dieron a conocer que el informe acusatorio presentado por el congresista Pacori y su sustentación del mismo fueron muy débiles en argumentos y evidencias (pruebas) en el aspecto relacionado con la existencia de una organización criminal. Esto derivó en el resultado de la votación, en el sentido que no se podía imputar a los señores ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y consecuentemente al ex juez supremo Cesar Hinostroza, ser parte de una organización criminal en calidad de subordinados y jefe, respectivamente.

Al respecto es absolutamente relevante señalar que no se ha generado ni existe blindaje alguno. Se ha impuesto al señor Hinostroza la sanción de destitución de su cargo de juez supremo (deja el cargo por decisión del Congreso de la República) y se ha procedido con su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 10 años. Y lo más importante, se ha determinado su responsabilidad en varios delitos: patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.

En un Estado de derecho, como el que rige en nuestro país, corresponde sustentar nuestras decisiones observando y respetando la ley. El voto de los miembros del Congreso no puede solamente considerar los sentimientos de indignación que nos ha generado toda esta situación de corrupción, o las presiones políticas o mediáticas. Ello conllevaría a afectar el Estado de derecho, que es el fin último de todas las reglas establecidas en Constitución Política y las normas derivadas de ella.

De forma adicional, se debe procurar no producir efectos negativos a futuro; como ocurrió con el propio Hinostroza, pues según lo ha manifestado, habiendo sido miembro del sistema de justicia fue destituido hace varios años, pero retornó a la función jurisdiccional debido a la falta de sustento en su acusación. Eso le permitió —además de la restitución— percibir una reparación por concepto de “daños y perjuicios” por una cifra superior a medio millón de soles, que pagó el Estado peruano.

Los constantes ataques, acusaciones de blindaje, los votos contradictorios que se dieron al interior de la Comisión Permanente, los señalamientos de alguno de los investigados en forma directa contra algunos congresistas y otras circunstancias anómalas vinculadas a estos procesos nos obligan a ser exigentes. Por eso, con el mayor de los respetos, pedimos a los congresistas encargados de sustentar las acusaciones constitucionales y las denuncias por presunta comisión de ilícitos penales, el mayor rigor técnico y jurídico, a efectos de que se nos permita generar certeza de que existen indicios razonables o causas probables sobre los hechos imputados a los investigados.

Para el caso del señor Hinostroza esta situación se puede aún dar en el pleno. En el mismo sentido, atendiendo a la importancia del informe referido, nos preguntamos si acaso estas falencias e incongruencias, así como los votos que las avalan, constituyen un mecanismo para asegurar que a futuro alguno de los investigados alegue vulneraciones de índole jurídico. Con ello se permitiría una carrera segura hacia la impunidad y hasta una jugosa indemnización. Estamos advertidos.