Escala el choque de poderes

Luego de que el Gabinete Cateriano no lograra reunir los votos para la confianza, el presidente Vizcarra respondió con energía señalando que el voto en contra se explicaba por “un chantaje para detener la reforma universitaria”. Según él, un grupo de bancadas pedían la salida del ministro de Educación. Enseguida las palabras “chantaje, extorsión y delincuencia”, reemplazaron al concepto de crisis política, de choque de poderes.

El sector político y social que sostiene a la administración Vizcarra levantó una ola contra el Congreso hablando de un supuesto chantaje, y el propio Pedro Cateriano subrayó el concepto. Hasta que Manuel Merino, presidente del Congreso, respondió con toda la artillería, y el conflicto escaló a niveles impensados. El titular del Congreso acusó directamente al presidente Vizcarra de ser el responsable de la denegatoria de la confianza porque, según el titular del Legislativo, el jefe de Estado –a través de Cateriano– sabía que la confianza estaba en cuestión por las interpelaciones que había contra dos ministros y la desconfianza sobre un tercero.

Pero el conflicto de poderes no solo escaló por la responsabilidad que Merino atribuye al presidente Vizcarra en la crisis, sino porque acusó directamente al jefe de Estado de desarrollar una campaña en contra de los partidos, un año antes de un proceso electoral. En este contexto, luego de la caída del Gabinete Cateriano, los nubarrones y tormentas sobre el avance de la pandemia seguían dibujándose, así como el aumento de la letalidad por el Covid y la profundización de la recesión.

La breve crónica de esta guerra de poderes da para todas las interpretaciones. Por ejemplo, los defensores de los fueros del Ejecutivo sostendrán que no se puede negar la confianza por el cuestionamiento de dos o tres ministros. En cualquier caso, se podía otorgar la confianza y luego resolver los problemas de los titulares cuestionados a través de interpelaciones puntuales. ¿Por qué no se procedió de esa manera?, es la inevitable pregunta. ¿O acaso alguien buscaba una crisis de esta magnitud? ¿Con qué objeto? Todas estas interrogantes son pertinentes y abonan a favor del Ejecutivo. 

Sin embargo, lo que no se puede es reemplazar el concepto de negociación o cabildeo en política –que organiza el parlamento inglés y se empleaba en el antiguo Senado romano– y reemplazarlos por los conceptos de “chantaje” o “extorsión”. Emplear esa terminología revela el surgimiento de una corriente intolerante, de una nueva inquisición laica, que considera que el bien está de un solo lado. Planteadas así las cosas, ¿para qué entonces sirve una Constitución o una república? Pedir la salida de un ministro es el hecho más natural y corriente de cualquier república, de ahora o de ayer. ¿O no?

En los parlamentos de cualquier parte del mundo los representantes de la soberanía ponen condiciones para votar, sobre todo cuando se trata de investir a un Gabinete. La historia nos demuestra que las condiciones van desde la salida de ministros hasta cambios de políticas generales del Ejecutivo. Así funcionan las repúblicas. No hay otra forma.

Pedro Cateriano, un hombre ducho en las artes de la política, debió haber considerado estos hechos y superar los escollos o pretextos que se podían presentar para denegar la confianza, sobre todo en medio del fracaso general del Ejecutivo en la contención de la pandemia y la recesión. 

Si bien el Congreso tiene responsabilidad en el capítulo de esta crisis –que se convierte en perpetua– culpas y pecados recaen sobre todos. Pero lo más grave de todo es que luego de la denegación de la confianza, en vez de avanzar hacia un camino de convergencias, de acuerdos y de entendimientos, como suelen proceder los políticos, el Ejecutivo y el Congreso siguen en curso de colisión. Una situación que aumentará el sufrimiento de nuestro pueblo y solo favorecerá a las corrientes comunistas y colectivistas que buscan desmontar los activos institucionales, económicos y sociales construidos en las últimas tres décadas.