Agradar al pueblo

Las grandes reformas políticas no responden a lo que el pueblo quiere sino a lo que reditúa en procesos eficientes. El referéndum puede convertirse en una fórmula plebiscitaria cuando de lo que se trata ya no es de la reforma misma, sino de contrarrestar a los otros poderes del Estado. Si se suma al pueblo como un poder determinante, el éxito está asegurado porque por encima de los tanques, la prensa, los legisladores y el dinero, la calle siempre manda.

Es verdad que desde 2016 lo que hemos visto, más que gobierno y representación, ha sido un juego de poder, ajedrez puro e inútil. Lo que ha importado desde entonces es quién tiene más poder, mientras las políticas públicas consensuadas ocupaban el final de la fila. Dada la debilidad de su Gobierno, el presidente Vizcarra encontró la fórmula del equilibrio: contentar a la gente en un contexto de “déficit de confianza” en las instituciones. La verdad es que con el desmadre de los penosos descubrimientos dentro del sistema de justicia y el altísimo nivel de desaprobación del Congreso y de las entidades públicas se ha llegado a un punto en el que la gente ha perdido cualquier resquicio de fe en todo. Nadie se salva de la mancha que nos devora. Tanto es así que el “no votaría por nadie si las elecciones presidenciales fueran hoy” casi supera al cúmulo de aspirantes a Palacio.

Si en los noventa el Perú cayó en el abismo de la antipolítica y dio pie a los outsiders, el Bicentenario nos hallará en un limbo, en una situación aún peor a la del primer alanismo y el posfujimorismo. Esta vez no hay institución que se salve del juicio público. Con las defensas bajas, cualquier discurso populista adquiere fuerza siempre que destruya a todas las elites. Nadie querrá, por ejemplo, que los congresistas sean reelegidos, no importa si hicieron una buena gestión o si el Congreso se renueva en los hechos cada cinco años en un 80%. A nadie importará si se establece un Senado sin incrementar el número de representantes, como corresponde a un país de treinta millones de habitantes.

En un clima de tan alta sensibilidad, todos se tornan manipulables. Si se estableciera la pena de muerte por corrupción, pese a los impedimentos jurídicos, la mayoría apostaría por un “sí”, que sería un “sí” movido por las turbulentas aguas de la ira popular. Pero el populismo no resuelve los problemas. Coincido con quienes pretenden un mínimo de sensatez y técnica para afinar la reforma; sin embargo, sin cambios radicales hoy (aquí la trampa de mi propia afirmación) el terreno podría allanarse para cualquier antisistema. Es probable que, sin prohibición de por medio, Antauro Humala comience a ser una pieza no descartable para muchos y hasta ya asoma en una encuesta.

En un clima de tantos nubarrones, la opción extrema no solo toca la mente de los habitantes del sur andino o de las provincias alejadas, podría tocarla también en las urbes pobladas. Cuando la falta de fe en su cumbre y el agotamiento se suman, dejan de existir los líderes dentro del sistema. Los candidatos favoritos tendrían que hallar, así, la estrategia de posicionamiento para contener la fuerza de un antisistema que puede hacerse del poder solo mostrando sangre en el ojo y un revólver en el cinto.

Cada caso de corrupción en todos los ámbitos y esferas solo alimenta el hambre terminal, esa suerte de reivindicación suicida que termina por colocar a cualquier tirano en el poder con tal que limpie la casa y barra toda la escoria. Así de autodestructiva puede ser la política.

Hasta aquí la contradicción. Mal que Vizcarra apele al populismo por una reforma, sí, pero mal también si no se refrena la creciente ira popular a través de una reforma. En el Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa apela a una fórmula que los políticos cínicos han recogido para sí: “que todo cambie para que nada cambie”. Avergüenza preguntarlo, pero,¿habremos entrado a un territorio cercado por ese dilema?