Vizcarra va a la guerra, pero el Perú exige convergencias

 

El presidente Martín Vizcarra en su mensaje al país ayer invocó la cuestión de confianza alrededor de los cuatro proyectos que presentó sobre la reforma del sistema de justicia y del sistema político. Además convocó a una Legislatura Extraordinaria para este miércoles. Al margen de las pertinencias constitucionales de la decisión presidencial (en las democracias los jefes de Estado no lideran las reformas constitucionales sino los legislativos) es incuestionable que Vizcarra ha decidido escalar abiertamente en la confrontación política. Y lo hace invocando la urgencia de las reformas constitucionales no obstante que está forzando una salida excepcional para la democracia.

Más allá de que las cosas se ponen color de hormiga porque todo ahora depende del tipo de respuesta que desarrolle el Congreso, en este portal nos preguntamos lo siguiente: ¿Por qué no entendemos que sin una convergencia Ejecutivo-Legislativo no hay reformas? ¿Acaso alguien cree que ante la disyuntiva de cierre del Congreso o adelanto general de elecciones se puede reformar institución alguna? Con un Ejecutivo que gobierna contra un Legislativo cerrado o una convocatoria general de elecciones, ¿qué reforma se puede hacer? ¡Dios mío, las barras bravas que alientan la guerra son absolutamente frívolas y responden a un faccionalismo que se enraíza en las peores tradiciones de nuestra historia política! No les interesa el país, les interesa el grupo o la ventaja estatal.

Cuando se apuesta por el entendimiento con los adversarios solo resta aferrarse a la Constitución, las instituciones y las leyes. Más allá de esas referencias solo está el vacío y fórmulas gaseosas que apelan a “la soberanía popular”, al “pueblo constituyente” y todas las estrategias de masas que han terminado sojuzgando las instituciones en Venezuela, Bolivia y otras experiencias bolivarianas. Siempre vale recordar que todas las democracias longevas del planeta han atravesado situaciones parecidas a la que enfrentamos hoy los peruanos —con la corrupción cancerando las instituciones—, pero una de las vigas maestras de la persistencia de esas repúblicas es que se aferraron a la Constitución y a sus instituciones para reformar sus sistemas.

Por todas esas consideraciones, una idea mínima de país exige que, más allá de los problemas acumulados entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, ambos vuelvan a reunirse de cara al Perú, tratando de hallar una agenda mínima que permita concretar reformas y organizar la gobernabilidad. Si eso no es posible, entonces poco a poco la gente llegará a la conclusión de que es preferible adelantar los cronogramas electorales antes de continuar en este desangramiento institucional en el que las izquierdas y sus ONG antisistema buscan pescar en río revuelto.

No es posible, pues, mediatizar —con argumentos de facción— la urgencia de una tercera junta entre ambos líderes. Si el jefe de Estado asumiera la decisión de convocar a la oposición, en el acto pasaría a representar a toda la peruanidad y la democracia hallaría una ruta de continuidad. Si el jefe de Estado, por el contrario, profundiza la estrategia de confrontación, entonces, la República peruana será empujada al abismo. Luego de planteada la cuestión de confianza el jefe de Estado aparece con la suficiente fuerza política para convocar a la oposición.

Quienes defendemos la democracia y la economía de mercado no podemos imaginar peor escenario para las libertades que una salida excepcional con el cierre del Legislativo o el adelanto electoral. El crecimiento de junio y julio (menos de 3%) nos revela que, más allá de los factores propiamente económicos, la crisis política comienza a convertirse en la peor enemiga de la expansión económica, las inversiones y el proceso de reducción de pobreza. ¿Qué gran inversión extranjera puede observar al Perú con interés luego del mensaje presidencial de ayer?

Un escenario de choque de poderes no solo bloquea la reforma judicial y política, sino que anula toda posibilidad de reformas: desde la ampliación de la Ley de Promoción Agraria hasta las posibilidades de flexibilizar la legislación laboral en general y relanzar la inversión pública mediante el sistema de asociaciones público privadas y de obras por impuestos. Ni qué decir de la posibilidad de seguir profundizando la reforma meritocrática de la escuela pública en medio de conflictos políticos que solo alentarán la radicalización del extremismo magisterial.

Es hora, entonces, de que Vizcarra y Keiko demuestren la grandeza que suele caracterizar a los políticos que han logrado construir repúblicas que resisten por décadas y siglos. Y la única manera de hacerlo es echando mano de la industria de la política que solo se creó, se inventó, para que los adversarios no se conviertan en enemigos que buscan eliminarse uno al otro.