Vacío de poder, sin autoridad, y ola de inseguridad ciudadana

Es incuestionable que la crisis de seguridad ciudadana en el Perú y el desborde de la ola criminal tienen causas externas como la migración de bandas del norte de la región, una migración que incluye sus formas de organización, objetivos, estrategias y nivel de la violencia (que, por ejemplo, ha generalizado el sicariato).

Sin embargo, vale precisar que la migración de las bandas criminales del norte de América Latina ha prosperado y se ha masificado en el Perú por la existencia de un Estado disfuncional, sumido en la ineficiencia y la corrupción y, en los últimos años, en crisis general del principio de autoridad y una clara tendencia a la anarquía. ¿A qué nos referimos? Si en un lapso de tiempo en que deben ejercer dos jefes de Estado –la principal magistratura de la República– existen seis, resulta incuestionable que se ha pulverizado el principio de autoridad del Estado de derecho. 

Hoy, en el país, por ejemplo, los enfrentamientos entre el Ministerio Público y la policía nacional del Perú (PNP) llevan a inaplicar leyes con argumentos constitucionales discutibles. Sin embargo, sucede. En este contexto, ¿cómo se puede desarrollar una política de Estado en contra de la ola criminal que atraviesa a la sociedad si las instituciones del Estado de derecho empiezan a desarrollar conductas extrañas con respecto a la Constitución? Desde el poder Ejecutivo se debería desarrollar una política de seguridad ciudadana alrededor de cuyos objetivos converjan el gabinete ministerial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la PNP, el INPE del sector Justicia, las regiones, los municipios y el sector privado. Según diversas proyecciones, el empresariado nacional gasta igual o más que el Estado en temas de seguridad. Por otro lado, el desborde de la ola criminal se convierte en asunto de primer orden cuando el BCR informa que el país pierde alrededor de 2.2% del PBI por esta lacra social.

El avance de la minería ilegal y el crimen organizado en la provincia de Pataz, el control territorial de las rutas de transporte de las principales ciudades del país y la multiplicación del sicariato, pues, son consecuencias de la existencia de un Estado disfuncional sin principio de autoridad. En este escenario si en las elecciones del 2026 pasan a la segunda ronda dos centro derechas es evidente que el vacío de poder del sistema democrático comenzará a enfrentarse porque el mensaje será uno: es posible gobernar desde el Ejecutivo con una amplia alianza en el Congreso.

En otras palabras, hoy salvar las instituciones, salvar el Estado de derecho y recuperar el principio de autoridad en democracia pasa por promover el avance de las centro derechas y evitar que las izquierdas, las corrientes progresistas y el antisistema en general desarrollen protagonismo electoral. Así están planteadas las cosas y las condiciones luego del protagonismo electoral de la izquierda y el progresismo en la última década.

Por otro lado, otra de las condiciones en la lucha en contra del desborde criminal en el país es derrotar las narrativas y relatos de las oenegés de izquierda que, en nombre de una supuesta defensa de los Derechos Humanos, pretenden neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad, tal como lo han venido haciendo en las últimas décadas. El Congreso, al margen de errores y aciertos, ha avanzado bastante en este sentido. Sin embargo, una estrategia integral en seguridad ciudadana implica desenmascarar los relatos de las oenegés de izquierdas que, con sus tesis sobre el uso desproporcionado de la fuerza, han neutralizado las fuerzas de seguridad en toda la región.

Igualmente, el próximo Congreso a instalarse en el 2026, si pretende recuperar el principio de autoridad de la democracia, deberá analizar y estudiar la situación de todos los miembros de las fuerzas de seguridad perseguidos y procesados por magistrados politizados solo por hacer uso reglamentario de sus armas y por haber defendido el Estado de derecho. Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la ofensiva de las milicias que pretendieron quemar todos los aeropuertos del país y bloquear las carreteras nacionales con objeto de forzar una constituyente, más de 300 oficiales están procesados y algunos en prisión por haber evitado el asalto al poder del eje bolivariano. Así estamos. 

¿Cómo puede haber lucha contra el desborde criminal en estas condiciones?