La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Cuando observamos que en el Gobierno de Pedro Castillo se destruyen todos los avances institucionales logrados en la organización del Estado en las últimas tres décadas, vale preguntarse si solo se trata de grupos de mediocres activistas comunistas que malgastan los recursos estatales sin haber tenido logros profesionales o estamos también ante una estrategia de mediano y largo plazo.
Creemos que estamos ante las dos situaciones. Por un lado, poblar las oficinas y dependencias del Estado de funcionarios y empleados sin ninguna calificación profesional lleva a multiplicar las ineficiencias y corrupción y, tarde o temprano, el Estado implosionará. Sin embargo, cuando vemos la estrategia y los objetivos del maoísmo en el Estado, es indudable que estamos ante una clara estrategia de poder que pasa por destruir, desmontar, el llamado “Estado burgués”, según la receta leninista.
Al respecto vale recordar que Lenin, el jefe bolchevique, en el texto La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, llama a los revolucionarios de entonces a participar en “las elecciones burguesas” y a utilizar “el Estado burgués” para acumular fuerzas revolucionarias para avanzar hacia el sistema soviético. A nuestro entender lo que está sucediendo con la influencia del maoísmo en el nombramiento de los prefectos y subprefectos y, sobre todo, con la ofensiva de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate) para controlar el Ministerio de Educación (Minedu) y desmontar la Ley de Carrera Pública Magisterial, calza perfectamente con la estrategia leninista de utilizar “el Estado burgués” para, en este caso, avanzar hacia la asamblea constituyente.
La destrucción de la Carrera Pública Magisterial y el nombramiento indiscriminado de los docentes al margen de la meritocracia crearía una base social nacional, fuerte y organizada, para desarrollar “el plan revolucionario” de acumular fuerzas en camino al nuevo poder. El maoísmo pasaría a ser una fuerza con capacidad de movilización, como en los setenta y los ochenta.
No obstante, al margen de las razones y la naturaleza de estas lógicas en contra de la Constitución y las leyes, lo real es que todos los avances institucionales y los sistemas del Estado comienzan a ser destruidos de aquí para allá, como efecto directo e inmediato del nombramiento de militantes y activistas izquierdistas en vez de los profesionales y técnicos que requiere el Estado. El caso del Ministerio de Salud (Minsa), es igualmente grave porque, no obstante los problemas existentes, se está desmontando un sector clave para enfrentar situaciones como el de la pandemia.
Si bien en cuanto a la institucionalidad económica del Estado los sectores comunistas no han podido afectar la trayectoria institucional del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros e, incluso, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el manejo partidario de sectores como Transportes, Producción y Agricultura es otro factor que paraliza las inversiones y contrae los mercados.
Recientemente se conoció la renuncia de Lorena Masías directora ejecutiva de Fonafe, el holding empresarial del Estado, que supervisa 35 empresas del Estado, claves en la provisión de servicios. Un campanazo que nos alerta que la voracidad del colectivismo lo arrasa todo.
Se puede discutir la naturaleza o la motivación del proceso de destrucción de los avances institucionales de las últimas décadas. Sin embargo, lo cierto es que mientras los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones han frenado en seco el avance de la inversión privada, la desorganización general del Estado peruano puede convertirse en el puntillazo final de las libertades políticas y económicas alcanzadas por los peruanos.
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