Urgente: ¡Identificar la amenaza al Estado de derecho en el Perú!

Todos los peruanos que pretenden defender la Constitución y el Estado de derecho deben entender que la lucha para preservar la libertad y las instituciones será larga y prolongada, porque el eje bolivariano en América Latina ha convertido al Perú en el teatro principal de sus operaciones. Los gobiernos y corrientes del “socialismo del siglo XXI” –que suelen gobernar al filo y en contra de las constituciones– no pueden permitir que el Estado de derecho y las instituciones del sistema republicano en el Perú se defiendan con firmeza y decisión en contra de un golpe de Estado que pretendió perpetrar Pedro Castillo.

Para defender el Estado de derecho se debe reconocer que el Perú enfrenta la misma amenaza que enfrentaron Bolivia, Chile y Colombia, con diferentes resultados. En Bolivia se ha instalado una dictadura, Chile sigue naufragando en el absurdo camino constituyente, y en Colombia se ha instaurado un Gobierno bolivariano que busca erosionar el Estado de derecho. 

En todas estas experiencias la violencia fue la partera de los resultados. En Chile el proceso insurreccional contra la Constitución duró seis meses y causó 34 muertes; y en Colombia duró tres meses y produjo más de 80 fallecidos. En semejantes experiencias, los defensores de la democracia y el Estado de derecho –ante la continuidad de la espiral violentista– perdieron la moral republicana y se compraron el hechizo de creer que cediendo, pactando, se recobraría la paz:  Ya sea aceptando el camino constituyente o neutralizando a los fiscales y a los jueces, los violentistas avanzaron en su estrategia de poder.

Para definir adecuadamente el tipo de amenaza que se enfrenta en el Perú contra la Constitución y el Estado de derecho, los peruanos de buena voluntad debemos debatir abiertamente con las tesis progresistas acerca de que la violencia insurreccional contra la Constitución es una expresión de la exclusión de siglos. ¿Cómo así actos de guerra y terror –como el ataque a comisarías, asaltos e incendios de aeropuertos, destrucción de empresas privadas, bloqueos de carreteras para desabastecer ciudades y destruir la producción– pueden ser la respuesta frente a la marginalidad y la pobreza? Imposible. Cuento comunista y progresista.

Igualmente, no se puede permitir que instituciones tutelares del Estado de derecho –tales como el Ministerio Público y el Poder Judicial– permanezcan paralizadas ante las centenas de delincuentes, vándalos y terroristas que han atacado comisarías, aeropuertos, empresas industriales, fundos agrarios, locales del sistema de justicia, todos ellos identificados en videos que han sido difundidos masivamente. ¿Por qué la demora en las investigaciones y detenciones? Una de las causas del triunfo de la violencia en Bolivia, Chile y Colombia fue la parálisis de fiscales y jueces ante la amenaza y terror que desataron las vanguardias comunistas.

Si el sistema de justicia no asume su responsabilidad en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho y las leyes, el sistema republicano ha perdido la batalla frente a la amenaza bolivariana. Un Estado de derecho no solo puede defenderse con sus heroicos soldados y policías, ¡también debe hacerlo con sus instituciones tutelares!

Por otro lado, todos los peruanos de buena voluntad, en este momento límite de la oleada insurreccional, tenemos la obligación de respaldar al gobierno de Dina Boluarte –al margen de distancias y discrepancias– y evitar su absurda judicialización. ¿Por qué? Porque es la única manera de proteger a nuestros heroicos soldados y policías. No hay otra.

Finalmente, el Ejecutivo y el Congreso deben aprobar una especie de “Plan Marshall” para el sur –en alusión al plan de inversiones sociales para América Latina durante la Guerra Fría– que se ejecute incluso al margen de los gobiernos regionales, algunos de los cuales apoyaron la ola violentista. Y sobre esa base se debe iniciar un diálogo con todas las organizaciones populares que enfrentan a la tiranía de las vanguardias comunistas para defender la producción y la economía familiar.