Una salida política a la cuestión de confianza

El presidente Martín Vizcarra anunció el domingo que solicitaba el pedido de confianza al Congreso alrededor de la urgencia para aprobar las cuatro iniciativas de reforma constitucional que había planteado al Congreso, luego de la difusión de los CNM-Audios. El lunes por la mañana quedó en claro que la demanda de confianza no era por los mencionados proyectos, sino por políticas en contra de la corrupción. Bueno, está bien.

La Junta de Portavoces del Legislativo, en un acto de madurez política, acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el próximo miércoles en la mañana para fundamentar la solicitud de confianza. Pero enseguida aclaró que la Legislatura Extraordinaria convocada para esa misma fecha por el Ejecutivo no procedía porque el Congreso estaba en legislatura ordinaria y se había declarado en sesión permanente. Los portavoces también señalaron que iban a discutir los mencionados cuatro proyectos hasta el 4 de octubre para ver la posibilidad de someterlos a referéndum.

Es innegable que luego de la decisión de los portavoces del Legislativo se avizora la posibilidad de una salida política frente a un acto de confrontación política que parece innecesario. En primer lugar porque, más allá de las campañas de una coalición mediática que se empeñaba en señalar que las reformas estaban bloqueadas en el Congreso, las comisiones dictaminadoras estaban trabajando con celeridad en el Legislativo, luego de que se presentarán los proyectos en la primera semana de agosto. Ayer, por ejemplo, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

De otro lado, la celeridad que exige el Presidente de ninguna manera corresponde a los procesos y plazos que demanda una reforma constitucional que busca permanecer décadas y siglos. El Congreso no está discutiendo el reglamento de una federación universitaria o el de una junta de propietarios, sino la reforma a la Carta Política. Si estas impresiones por la urgencia pueden pasar en la opinión pública solo se explica por la terrible polarización entre los medios de comunicación y la mayoría legislativa que ha desatado la llamada Ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados.

Algo más. La reforma de la bicameralidad del Congreso —es decir, el establecimiento de una Cámara de Diputados y un Senado— de una u otra manera obliga a modificar alrededor de 60 artículos de la Carta Política. Y las cosas son tan serias que se debe establecer, por ejemplo, que en los procesos de acusación constitucional la cámara baja debe acusar y la alta debe fallar. Igualmente se debe señalar cuáles son las funciones del Senado con respecto a los nombramientos de determinados magistrados, tratados internacionales y otras prerrogativas, que son prácticamente imposibles resolver con las “urgencias” planteadas por el jefe de Estado.

De otro lado vale insistir una vez más en que en las democracias con equilibrios de poderes y con control político nunca el jefe de Estado lidera el proceso de aprobación de las reformas ni convoca referéndums. Si bien el jefe de Estado puede presentar iniciativas de reforma constitucional, todo el proceso está reservado al Legislativo. La Carta Política excluye de tal manera al Presidente del proceso que, incluso, establece que el jefe de Estado no puede observar una reforma constitucional. Si las cosas fuesen diferentes, en las democracias se multiplicarían los Hugo Chávez como hongos bajo la lluvia, quien utilizó los referéndums para convocar a una asamblea constituyente y luego perpetuarse en el poder.

En cualquier circunstancia es hora de recuperar la cordura y bajar las tensiones que los extremismos de ambos lados pretenden azuzar. Si el presidente Vizcarra persiste en la confrontación, la democracia y las propias instituciones se encargarán de colocar las cosas en su lugar. Por más que los medios, las encuestadoras, y los ayayeros de siempre, le soplen lo contrario al jefe de Estado.