¿Terminan tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza?

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de negarse a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales le ha restado legitimidad a la segunda vuelta electoral. Y tal como lo hemos sostenido más de una vez, la eventual proclamación del ganador solo gatillará un nuevo capítulo de la confrontación que atraviesa el país. En este escenario, no es exagerado afirmar que el Perú avanzará a una especie de cuarta vuelta electoral, en la que debe definirse si el país sigue por los cauces constitucionales o avanza hacia una larga noche autoritaria.

Sin embargo, los efectos de la guerra política e institucional ya se comienzan a percibir en la economía en general. El precio del dólar sigue en subida cuando debería suceder todo lo contrario, sobre todo por los niveles históricos que alcanza la libra de cobre. La subida de la moneda estadounidense tiene impacto en la canasta básica –muchos productos dependen de las importaciones– mientras que las aterradas clases medias ya han transferido a cuentas del extranjero más de US$ 16,000 millones del sistema bancario nacional, antes considerado uno de los más predecibles de la región.

Todos estos hechos se registran sin considerar que las inversiones en minería, en agroexportaciones, en turismo, en pesca y en construcción han entrado en pausa y en procesos de cancelación. En algunos casos, como en las agroexportaciones, diversas empresas empiezan a emigrar sus inversiones a países como Colombia, por el efecto negativo y devastador de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, que establecía un régimen tributario y laboral especiales. Una ley derogada sin mayor criterio técnico y que explica que el Perú se haya convertido de un mendigo agrario en una potencia agroexportadora, con envíos de más de US$ 7,000 millones al exterior.

Por todas estas consideraciones, ya es hora de preguntarnos si estamos en el epílogo de una época en que la inversión privada posibilitó triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% y convertir a la sociedad peruana en una de mayoría de clases medias. Es decir, si estamos ingresando al final de una época en que se logró incluir a amplias mayorías nacionales en el crecimiento y el bienestar. Si bien la pobreza sigue siendo significativa (luego de la pandemia afecta a un tercio de la población) nunca debemos olvidar que jamás en la historia republicana tanta gente se incorporó al crecimiento y accedió a los mercados, a la propiedad y los contratos. De alguna manera, las migraciones de las últimas décadas y las transacciones en los mercados formales e informales del Perú posibilitaron derribar las enormes murallas que separaban a las sociedades criollas de las andinas, y han permitido construir un nuevo momento de la peruanidad.

Los avances económicos y sociales no fueron acompañados por un Estado que fuese capaz de redistribuir la riqueza nacional, que el sector privado aportó a través de los impuestos. En otras palabras, la riqueza nacional no se transformó en carreteras e infraestructuras, en un mejor sistema educativo ni en un reformado sistema de salud. 

En este contexto, la pandemia –con el encierro forzado que quebró las economías familiares– simplemente profundizó las fallas del modelo; es decir, el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza nacional. Y por eso hemos llegado a este momento, en que uno de los comunismos más ortodoxos de la región está por acceder al poder.