TC resuelve a favor del Congreso y reafirma Estado de derecho

El Tribunal Constitucional (TC) falló la semana pasada a favor de la contienda de competencia planteada por el Congreso en contra de las resoluciones de jueces del Poder Judicial que detenían procesos legislativos que se desarrollaban en base a las funciones exclusivas y excluyentes que la Constitución reserva para el Congreso. Entre los casos más llamativos están el proceso de la elección del Defensor del Pueblo, la ley que reforma la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el control político de algunos funcionarios. 

La resolución del TC es categórica al respecto, e incluso llama a la Junta Nacional de Justicia para que "proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas" del Congreso. De alguna manera, pues, el asunto queda aclarado.

Sin embargo, lo curioso y llamativo es que la mencionada resolución del TC ha desatado la histeria progresista, que llega a sostener que en el Perú se está instalando una “dictadura parlamentaria”. Para sostener este tipo de tesis descabelladas el progresismo suele acudir a constitucionalistas improvisados –por decir lo menos– que estiran las interpretaciones constitucionales como una goma de mascar; a tal que extremo que la Constitución, el Congreso y las entidades tutelares republicanas, se convierten en asuntos relativos que deberían funcionar de acuerdo a las campañas del progresismo o del resultado de una encuesta de última hora.

El constitucionalismo progresista –por llamarlo de alguna manera–, entonces, se convierte en un problema para el Estado de derecho, al igual que las corrientes comunistas y del eje bolivariano que proponen una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Política. Si aceptáramos el razonamiento del constitucionalismo progresista, ¿cómo entonces se debería elegir al Defensor del Pueblo? El Congreso, investido de la soberanía del pueblo por mandato del sufragio, ¿acaso debería consultar a una comisión de notables, generalmente amigos y allegados del progresismo (nacional o internacional)? ¿A qué entidad o a quiénes debería consultar el Congreso antes de ejercer sus funciones? En el caso de una ley como la reforma del consejo directivo de la Sunedu, ¿cuál debería ser el procedimiento?

La cosa es extremadamente grave si recordamos que las licencias del constitucionalismo progresista llevaron a establecer la teoría absurda de “la denegación fáctica de confianza” para justificar el golpe de Estado de Martín Vizcarra, que se materializó en el cierre inconstitucional del Congreso en septiembre del 2019. De alguna manera, desde ese hecho, el deterioro institucional del sistema republicano avanzó cuesta abajo, hasta la elección de Pedro Castillo y la tragedia que hasta hoy enfrentamos.

Si analizamos la trayectoria del constitucionalismo progresista es fácil entender que su objetivo central siempre ha sido menoscabar las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, con el objeto de que fuerzas fácticas o determinados grupos de presión administren el sistema republicano. La naturaleza de este constitucionalismo progresista podría resumirse en el intento de gobernar sin ganar elecciones, sin formar partidos ni menos presentar programas de gobierno. Por ejemplo, la barbarie constitucional de “la denegación fáctica de la confianza” surgió para detener la elección de seis miembros del TC de parte del Congreso, una elección y procedimiento que se basaba en una función exclusiva y excluyente del Legislativo.

De allí que el progresismo busque desprestigiar y deslegitimar al Congreso, más allá de los evidentes errores de los propios legisladores. El objetivo del progresismo es que el sistema funcione al margen de los poderes electos, en base a presiones de determinados grupos y respaldados por una encuesta de circunstancia. 

Sin embargo, el progresismo olvida algo fundamental: que si hoy existe una democracia, que si el Perú no está embarcado en un proyecto totalitario a través de una constituyente, es por la resistencia y la firmeza del actual Congreso en la defensa del Estado de derecho. Defender al actual Legislativo de ninguna manera significa defender todos los yerros acumulados de este poder del Estado, pero en política siempre se hace lo posible. Y la única manera de seguir defendiendo la Constitución hoy es a través del actual Legislativo. No hay otra.