Sociología y economía de la CIDH en contra del Estado de derecho y la peruanidad

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y después de las olas insurreccionales contra el Estado de derecho, a nuestro entender, quedará como uno de los documentos más ideologizados, arbitrarios e impertinentes contra el país, que haya emitido cualquier organismo supranacional sobre nuestra realidad. 

Y no solo se trata de la barbaridad jurídica, anticonstitucional y legal acerca de sostener que en el país hubo violaciones de Derechos Humanos, y la insinuación acerca de que hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales, sino que también nos propone una sociología y una economía alineada con todos los proyectos bolivarianos en la región. Luego de este informe la pregunta que emerge, ¿es cómo se puede construir un sistema republicano y la libertad con una pretendida tutela ideológica de los miembros de la CIDH? Parece difícil e imposible.

La sociología del informe se asemeja a un documento de Perú Libre y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales o de cualquier grupo del Foro de Sao Paulo. Se sostiene que en el Perú “persiste una fuerte estigmatización hacia las comunidades indígenas y campesinas de ciertas regiones, tal como fue documentado durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000”. ¿De dónde los miembros de la CIDH sacan esta información? No saben acaso que en el Perú los Andes se han apoderado de la costa y los migrantes han convertido a Lima en la principal ciudad andina. Igualmente, no saben acaso que, por primera vez en la historia de la república (luego de la eliminación de las noblezas indígenas por la Independencia), ha surgido una élite de origen andino, una red de empresarios cholos que, de una u otra manera, han cambiado para siempre el rostro económico y social del país actuando en los mercados formales informales.

La única explicación para los disparates sociológicos de la CIDH está en la ideología y en el intento de dorar la píldora frente a la devastación que ha causado el gobierno de Castillo. Para los jóvenes ideologizados de la CIDH habría que señalar que Ramón Castilla, Luis Sánchez Cerro, Manuel Odría, Alejandro Toledo, Ollanta Humala e incluso Alberto Fujimori (migrante nipón) fueron jefes de Estado mestizos, distantes de las supuestas élites blancas golpistas que suelen mencionar Manuel López Obrador y los jerarcas bolivarianos para justificar el golpismo de Castillo. 

La visión sociológica de la CIDH ofende a la peruanidad que se construye en las ciudades y, de una u otra manera, pretende justificar la entelequia ignorante de los “llamados pueblos originarios”.

Asimismo, el informe de la CIDH va más allá en su declaración ideológica a favor de la estrategia antisistema. Señala que la “la economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas…”. Alguien tranquilamente podría sostener para qué necesitamos radicales antimineros o militantes de Perú Libre si allí está la CIDH. 

¿Qué derecho tiene un organismo supranacional que nadie ha elegido para enjuiciar el modelo económico nacional que ha triplicado el PBI y ha reducido pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia? ¿Qué derecho tiene la CIDH o de dónde le viene la autoridad para cuestionar el modelo económico que ha producido el mayor proceso de inclusión económica y social de nuestra historia republicana?

El modelo tiene fallas, claro. Pero no están por el lado del llamado “extractivismo” ni de los “pasivos ambientales”, sino por el fracaso del Estado en la distribución de la riqueza que produce el sector privado y las empresas mineras. La minería peruana tiene los más altos estándares mundiales en asuntos medioambientales, y si las regiones mineras todavía carecen de agua potable y electricidad es por exclusiva responsabilidad del Estado, de los gobiernos central y subnacionales, en redistribuir la enorme riqueza minera.

Luego del informe de la CIDH queda en evidencia que la conducta del organismo supranacional se vuelve incompatible con la afirmación del Estado de derecho y la libertad en el país. Y, sobre todo, se vuelve incompatible con la peruanidad que, a pesar de todos los problemas y exclusiones, se construye a lo largo del territorio nacional.