Sobre cómo se detuvo al Perú como potencia minera

El Perú es el segundo productor mundial de cobre, con 2.5 millones de toneladas métricas (TMC) anuales. Sin embargo, podría estar produciendo más de 4 millones de TMC si toda su cartera de inversiones de cobre estuviese en ejecución, de acuerdo a las concesiones, contratos y compromisos programados. Si el Perú produjese esa cantidad de cobre el país crecería largamente por encima del 5% del PBI y la pobreza estaría debajo del 15% de la población (no en el 25% actual) y nuestra condición como sociedad de ingreso medio y con clases medias extendidas se habría consolidado.

Sin embargo, el Perú solo produce 2.5 millones de TMC anuales, no obstante que la demanda del metal rojo en el planeta sigue creciendo y se duplicará en las próximas dos décadas por el desarrollo de las energías renovables y el avance de la industria de los autos eléctricos. ¿Por qué el Perú ha sido frenado en su avance como potencia en el metal rojo?

En una primera etapa, en la que se bloquearon nuevos proyectos, los sectores anticapitalistas plantearon supuestos argumentos ecológicos ambientalistas. Durante el Gobierno de Ollanta Humala se desató la guerra de los antimineros en contra del proyecto Conga, en Cajamarca, en la que hubo hasta arbitrajes internacionales que desmintieron la “supuesta intangibilidad” de unas lagunas. Sin embargo, Conga se detuvo y también se paralizaron La Granja, el Galeno y Michiquillay. 

Con esas inversiones bloqueadas en el norte, el país dejó de producir alrededor de un millón de TMC. En el sur, igualmente, se bloqueó el proyecto Tía María, desarrollando fábulas y leyendas sobre la ecología y el agua. Hoy Southern Perú, concesionaria del proyecto, ha propuesto construir la represa de Paltiture, sin embargo, sigue la resistencia antiminera.

Luego de bloquear la cartera nacional de inversiones mineras, los sectores antimineros y minorías violentistas de diversa naturaleza (ideológicas, rentistas y simples extorsionadores) se han focalizado en el llamado corredor minero del sur, en donde se emplazan Las Bambas, las minas Constancia y Antapaccay, y otras que producen más del 50% del cobre nacional. Igualmente, la actividad antiminera se ha concentrado en el sur de Ayacucho, en donde se desarrollan las minas Inmaculada, Apumayo, Breapampa y Pallancata. Uno de los ingresos a la mina Inmaculada sigue bloqueado y recientemente se quemaron seis camiones de la operación minera, poniendo en peligro la situación de 1,700 trabajadores.

El objetivo de la guerra antiminera en el corredor minero y en el sur de Ayacucho ahora busca detener la producción de las minas en desarrollo. Las Bambas, por ejemplo, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, ha reducido sus proyecciones de producción de 400,000 TMC a menos de 240,000 TMC en el 2022. Lo mismo se puede sostener con respecto a las estrategias antimineras en el sur.

Diversas estrategias convergen en la destrucción del Perú como potencia minera, como segundo productor mundial de cobre y entre los primeros productores planetarios de plata y zinc. Narrativas ecológicas radicales que parecen mágicas, sin ningún sustento científico; estrategias rentistas de minorías que, al margen de la Constitución y las leyes, pretenden redistribuciones en base a la fuerza; abogados rentistas que buscan envolturas legales para justificar a las minorías; los sectores bolivarianos que pretenden estatizar las minas nacionales; y sobre todo, la renuncia escandalosa del Ejecutivo a hacer respetar la Constitución y el Estado de derecho.

Sin embargo, todas estas cosas suceden porque las mayorías democráticas que defienden la Constitución, las inversiones y la lucha contra la pobreza, permanecen en silencio frente a las minorías radicales que bloquean carreteras, puentes y asaltan campamentos mineros. ¡Es hora de reaccionar!