Sin reforma del Estado la democracia sigue en peligro

A pesar de los discursos de los sectores progresistas en el país, el Perú es una sociedad de ingreso medio que tiene un enorme gasto social, considerando el tamaño de su economía. En términos generales el PBI del país suma alrededor de US$ 220,000 millones y el gasto del Estado –considerando al Gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas estatales– representa alrededor del 30% de la economía nacional.

El tamaño del gasto social del Estado solo tiene una explicación: el impresionante proceso de creación de riqueza del sector privado –en las últimas tres décadas– que ha posibilitado triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia (hoy se sitúa sobre el 25%). Además, la creación de riqueza ha permitido incrementar un PBI per cápita de US$ 850 a uno de más de US$ 7,000. Algo más que debe mencionarse: el sector privado provee el 80% de los ingresos del Estado y el 80% del empleo en el país.

Luego de esta breve mirada, entonces, surge la pregunta: ¿Cómo es posible que más de seis millones de peruanos carezcan de sistemas de agua y desagüe? ¿Cómo es posible que las lluvias del ciclón Yaku desnuden la incapacidad del Estado para invertir en obras de prevención, en descolmatar ríos, en construir sistemas de drenajes y defensas ribereña y en desarrollar un plan de desarrollo urbano que evite las quebradas que se activan con las lluvias? 

Las preguntas se vuelven acuciantes cuando se advierte que los gobiernos regionales no gastan más del 60% del presupuesto destinado a inversiones en obras de infraestructura. El Estado, pues, ha fracasado de principio a fin en la distribución de la riqueza que aportan los privados a través del pago de impuestos al fisco. 

Si el Estado no distribuye la riqueza a través de la construcción de carreteras, escuelas y postas médicas, entonces no hay modelo económico que valga, que tenga viabilidad en el país. ¿Por qué? Porque los sectores antisistema –que proponen un modelo colectivista– propagandizarán la idea de que el fracaso del Estado es el fracaso del modelo establecido en la Constitución de 1993. Y por lo tanto, ante semejante situación lo único que resta es la instalación de una asamblea constituyente. 

Semejante campaña de las corrientes comunistas y colectivistas se desarrolla no obstante que casi todas las narrativas marxistas que han dominado la vida pública en las últimas tres décadas y la conducción de las izquierdas de los gobiernos regionales son las únicas explicaciones de los fracasos del Estado. Por ejemplo, los relatos que demonizan al empresariado y romantizan a los trabajadores explican las sobrerregulaciones y procedimientos que ha levantado el Estado para lentificar y bloquear las inversiones. Sobrerregulaciones que han convertido al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región, a pesar de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio.

Los relatos dominantes en la sociedad y el espacio público de las izquierdas –tales como el ecologismo radical que sataniza las inversiones mineras arguyendo mitos y leyendas medioambientales o las teorías marxistas de la explotación de los trabajadores– han organizado un Estado enemigo de la sociedad, la inversión privada y los mercados emergentes. Allí están las sobrerregulaciones que paralizan las exploraciones e inversiones en minería, y allí también están las sobrerregulaciones laborales que explican más del 85% de informalidad en los contratos de trabajo.

Por otro lado, la regionalización y la conducción de los gobiernos regionales –en gran mayoría por sectores de izquierda– es otra de las explicaciones de la organización de un Estado fallido que no reconstruye en el norte ni invierte en infraestructuras en el sur.

En síntesis, si los sectores que defienden las libertades y el sistema republicano no se suman fuerzas para iniciar la transformación del Estado y crear uno nuevo más pequeño, más ágil y aliado de la sociedad y la inversión privada, el modelo seguirá crujiendo y continuarán las amenazas contra las libertades políticas y económicas.