Sin la Constitución, nada es posible

La crisis de gobernabilidad que atraviesa la actual experiencia republicana demanda la mayor prudencia de los actores para tramitar el conflicto y la fricción entre las instituciones. Cruzar cualquier línea establecida en la Carta Política puede desatar una crisis sin precedentes. En ese sentido, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Walter Martos, acerca de que las Fuerzas Armadas “no permitirán que se rompa el Estado de Derecho”, refiriéndose al actual proceso de vacancia iniciado en el Congreso, no se ajustan a lo establecido en la Constitución.

La Carta Política establece que las únicas instituciones que podrían interpretar cuándo procede o no una vacancia presidencial son el propio Legislativo y el Tribunal Constitucional. Las declaraciones del PCM comienzan a formar parte de una serie de declaraciones y decisiones que revelan una desinstitucionalización general del sistema republicano en el Perú. 

Por ejemplo, el Congreso ha comenzado a aprobar leyes que violan el contrato entre los privados, y otras leyes que representan iniciativas de gasto, no obstante que la Constitución prohíbe expresamente tramitar normas en ese sentido. Igualmente, el Tribunal Constitucional legalizó el cierre del Congreso invocando la figura de “la denegación fáctica” que no existe en la Carta Política, y acaba de modificar los plazos de prescripción de las deudas tributarias.

Estas declaraciones y decisiones, de una u otra manera, comienzan a desmontar ladrillo por ladrillo el andamiaje institucional que nos ha permitido desarrollar cuatro elecciones sucesivas sin interrupción e implementar un modelo de crecimiento basado en la inversión privada, que redujo la pobreza del 60% de la población a solo 20%, que triplicó el PBI, y que convirtió al país en una sociedad de ingreso medio (hasta antes de la pandemia). De allí que la implosión del sistema republicano se convierta en la peor amenaza de nuestro futuro, sobre todo considerando los recientes resultados de las elecciones en Bolivia y el plebiscito de Chile.

Las denuncias y cuestionamientos contra el presidente Vizcarra y el proceso de vacancia iniciado en el Congreso de ninguna manera pueden llevar a los actores, como se dice, a declarar o tomar decisiones que agraven la situación de la República. Finalmente, la Carta Política establece con claridad los procedimientos y las instituciones que deben tramitar estos conflictos.

Si los actores y las instituciones comienzan a actuar en los márgenes de la Constitución –ya sea para afirmar una estrategia política o cualquier otro objetivo–, más temprano que tarde, el andamiaje institucional se derrumbará y regresaremos a los años en que la incapacidad de los civiles y la inoperancia de las instituciones convertían a las Fuerzas Armadas en factores deliberantes contra los principios de la Constitución.

Por todas estas consideraciones, creemos que la única manera de enfrentar esta situación es aferrándonos a la Constitución y sus procedimientos. Si actuamos al margen de la Carta Política, la crisis institucional, política, económica y social que atraviesa el país se convertirá en el funeral de la actual experiencia republicana. Las adversidades que hoy enfrenta el Perú –a las que se suma la megarrecesión que acabará por lo menos con el 15% del PBI– representan una de las peores pruebas a las que se somete a cualquier experiencia republicana. De allí los permanentes fracasos de la libertad.

Sin embargo, si la República logra sortear todos estos temporales, emergerá fortalecida como nunca antes desde la Independencia. En pleno Bicentenario los peruanos podremos señalar que avanzamos hacia la quinta elección nacional sin interrupciones, a pesar de todas las tragedias institucionales, políticas, económicas y sociales, que se abatieron sobre la vida política. Y entonces emergerá una República fortalecida. Pero para soñar con ese momento, ¡todo con la Constitución, nada fuera de ella!