Sin empresas ni capitalismo no hay democracia. ¿O sí?

 

Al cierre de esta edición, el pleno del Congreso aprobaba la reforma constitucional sobre el financiamiento de partidos políticos y, en la práctica, de todo el espacio público en general. Y dos cosas llamaron la atención: que un día antes no se había aprobado que los aportes fuesen bancarizados al inicio de la campaña, y que se había sancionado que los aportes privados fuesen no corporativos. Al final ambas propuestas se corrigieron para bien. La reforma constitucional establece que los aportes deben ser bancarizados y que las empresas pueden financiar a las organizaciones políticas.

Está de más señalar la necesidad de que los aportes sean bancarizados, porque es la manera más directa de alejar del espacio público el dinero ilícito y crear mecanismos de transparencia que desvelen conflictos de interés entre los representantes y financistas. Sin embargo, sorprendió la poca atención que se puso al concepto de aportes “privados no corporativos”. Es decir, según este criterio, la Carta Política debería prohibir expresamente que las empresas financien a los partidos políticos y el espacio público en general. ¿Cómo así pudo prosperar este concepto en la discusión? ¿Qué socialista, comunista o estatista logró que pasara semejante idea?

Antes hagamos una aproximación ideológica. El sueño de la izquierda planetaria es desvincular el capitalismo de la democracia, las libertades y la sociedad abierta en general. Para desbaratar esta intención solo valdría preguntar lo siguiente: ¿Existe alguna democracia con relativa salud en la que la mayoría de la economía no resida en manos privadas? La respuesta es no. Y es que la democracia no se entendería sin el capitalismo. ¿Por qué? Porque en el capitalismo el control de la economía está en una diversidad de manos privadas y no en el Estado. Cuando las monarquías absolutas perdieron el control de la economía, en el acto, emergió la necesidad de crear una asamblea que estableciera los impuestos. Si esa facultad seguía en manos del rey, la confiscación de las propiedades hubiese continuado. Así nació el parlamento y la división de poderes. Es decir, desde el capitalismo y la propiedad en general.

Al respecto el viejo Marx no se equivocaba cuando afirmaba que la democracia es el régimen de la burguesía. Claro que lo es. El Perú hoy avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, procesando una experiencia democrática en la que por primera vez votan y tienen derecho a la propiedad los más de 30 millones de peruanos. La explicación de estos avances no está en los partidos ni en los proyectos intelectuales —porque todos parecen fracasar— sino en el capitalismo que se desató con las reformas de los noventa.

La experiencia mundial de las democracias más longevas nos confirma esta hipótesis. Por ejemplo, Estados Unidos ha construido una República en la que el balance de poderes, el control del poder y los mecanismos de la sociedad abierta son paradigmas a seguir, porque su espacio público está financiado por compañías y empresas que buscan preservar las libertades y la economía de mercado.

Únicamente una concepción marxista —que considera que la empresa es enemiga de los trabajadores, del bienestar y el desarrollo de una sociedad— puede pretender prohibir el aporte de las empresas en el financiamiento de los partidos. Pero no solo se trata de marxismo, sino de una estratagema criolla. Prohibir a las empresas financiar a los partidos acrecentaría las ventajas de los capitalistas del mundo desarrollado y que financian propuestas anticapitalistas en el mundo emergente. Por ejemplo, el caso del conocido Soros, que desarrolla múltiples estrategias de apoyo a las ONG izquierdistas en el Perú con el objeto de paralizar la producción de cobre del país.

Pero no solo se trata de concepciones y estratagemas marxistas. Semejante prohibición, en la práctica, podría haber alentado que el dinero ilícito del narcotráfico y las economías ilegales financien a los partidos y la vida pública en general. Y algo más: que el dinero sucio de Odebrecht haya llegado a las campañas electorales en el Perú solo se explica por la informalidad en el financiamiento y la falta de transparencia. Punto.

Como se aprecia, cualquiera que sea el ángulo de análisis, la prohibición de que las empresas financien a los partidos es un absurdo descomunal. Semejantes propuestas solo se pueden entender por la intensa guerra ideológica que desarrollan las izquierdas para organizar los espacios más favorables para desarrollar sus estrategias anticapitalistas.