Si se cambia el modelo será responsabilidad del Congreso

Luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y de las olas insurreccionales del verano pasado, el poder político del país se ha trasladado al Congreso de la República. Si este hecho a veces se vela en el análisis político es por la feroz campaña que desarrolla el progresismo en contra de los yerros y vicios de muchos parlamentarios. Una campaña que tiene parte de verdad, pero que se sobredimensiona por una estrategia particular de un sector político. Finalmente vale recordar que la mediocre representación del Congreso hoy es resultado directo de “las reformas electorales” del progresismo y de la destrucción del sistema político que se promovió con la judicialización de la política nacional.

Por todas estas consideraciones, luego de que el Congreso, de una u otra manera –con el apoyo de los demás sectores de la oposición– detuviera el proyecto de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones del sector privado, una de las principales obligaciones del Legislativo debería ser preservar las columnas principales del actual modelo económico, que han posibilitado cuadruplicar el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (luego de Castillo está en 27.5%).

Al margen de la dispersión y la fragmentación de las bancadas comunistas y progresistas en el Legislativo, todas ellas –demostrando mayor coherencia ideológica– apuntan a desmontar el actual modelo económico que, a pesar de los niveles de pobreza e informalidad por el fracaso del Estado en la distribución de la riqueza creada por los privados, ha generado el mayor momento de inclusión económica y social de nuestra historia republicana.

Por ejemplo, solo basta mencionar el proyecto de ley 5892, “Nueva Ley de Industrias” del congresista José Jerí de Somos Perú, que propone “una industrialización dirigida desde el Estado” en base a siete industrias seleccionadas por burócratas y empresarios. El mencionado proyecto de sustitución de importaciones solo puede desarrollarse con exoneraciones en renta, IGV, impuesto predial y créditos subsidiados, pero garantizados por el Estado. Es decir, el eventual fracaso de las empresas ahora será pagado con los impuestos de todos los peruanos. El proyecto de Jerí es demasiado grave porque, en la práctica, propone un regreso gradual al velascato. ¿Para qué entonces nos opusimos al proyecto de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones?

El proyecto de sustituir importaciones, pues, representa una bomba nuclear en contra del modelo económico. Algo parecido se expresa en el proyecto de ley que pretende establecer un séptimo retiro de las cuentas individuales del sistema privado de pensiones. El objetivo de las izquierdas y las corrientes populistas es descapitalizar el SPP para estatizar todo el sistema previsional a través del modelo estatal de reparto, en el que no existen cuentas individuales que se capitalizan a través de inversiones, sino un fondo común al que aportan todos los trabajadores activos y desde el cual se solventan las pensiones de los jubilados.

En América Latina el modelo estatal de reparto ha servido para que los gobiernos populistas y del eje bolivariano se apropien de las jubilaciones de los trabajadores, con el objeto de destinarlos a financiar elefantes blancos o a solventar sus estrategias de clientela. Al final los trabajadores se quedan sin pensiones y envejecen en la miseria.

Basta mencionar el proyecto de sustitución de importaciones y el intento de descapitalizar el sistema privado de pensiones para llegar a la conclusión de que el modelo económico está bajo ataque general. Peor aún si mencionamos los decretos laborales promulgados por Pedro Castillo que buscan promover la sindicalización artificial y el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios. Ni qué decir del legicidio progresista de haber derogado la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una de las mejores leyes económicas de nuestra historia que desató el boom agroexportador.

Así como las bancadas de la centro derecha superaron la fragmentación y dispersión política para enfrentar el golpe de Pedro Castillo y el proyecto de la asamblea constituyente, hoy esa mismas bancadas deben unificarse, deben converger, para mantener el modelo económico e iniciar reformas que profundicen el crecimiento económico en base a la desregulación de mercados y la inversión privada.