La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La imagen de una patrulla del Ejército que, ante el ataque de una turba violentista, se ve obligada a cruzar el río Ilave para evitar el enfrentamiento, y la muerte de seis soldados ahogados –todos ellos puneños-, es una instantánea que grafica la estrategia de las corrientes comunistas que buscan establecer en el altiplano una zona liberada de la Constitución y el Estado de derecho.
¿Por qué decimos que la imagen es reveladora? En primer lugar, es evidente que la insurrección nacional contra la Constitución y el Estado de derecho ha fracasado en todos sus objetivos y planes y, de una u otra manera, el sistema republicano mantiene sus instituciones intactas. Sin embargo, ante la evidente derrota nacional de la insurrección, la alianza del Movadef, Conare-Sutep, Fenatep y el Movimiento de Acción Socialista (de Evo Morales de Bolivia) se ha propuesto convertir a Puno en una zona liberada del Estado de derecho e iniciar un evidente y abierto proceso de secesión del territorio nacional.
La mencionada patrulla se trasladaba de Ilave a Juli para apoyar en el restablecimiento del orden, porque en la segunda localidad se había atacado a una comisaría y a una base militar. Lo más impresionante de todo es que los soldados tenían la orden expresa del Gobierno de no disparar a los agresores; y en el cumplimiento de esa orden decidieron cruzar el río Ilave, extremadamente frío y torrentoso. No obstante el repliegue de la patrulla, las vanguardias comunistas del Movadef y las milicias bolivarianas, siguieron agrediendo y atacando a los efectivos militares. En ese instante –tal como narran los soldados– la cadena humana (con la que estaban cruzando el río) se quebró y algunos soldados quedaron a su suerte. El resultado: seis hermanos puneños, con uniforme militar, ahogados.
Todo tiene un límite. La estrategia insurreccional del eje bolivariano pretende lavar su derrota en el Perú convirtiendo a Puno en una zona liberada del Estado nacional, e iniciando una abierta secesión territorial. ¿Alguien acaso duda de que la fractura del territorio nacional ya está en desarrollo?
Más allá de sus tendencias fallidas, el Estado peruano es uno con grandes tradiciones en Sudamérica. Por otro lado, luego de la independencia de la monarquía española, es uno de los estados que más pérdidas territoriales ha padecido en la región. ¿Acaso los peruanos aceptaremos un proceso de secesión territorial que se inició con la hechicería de los llamados “pueblos originarios” que Evo Morales fomenta en algunas zonas de los Andes peruanos?
Si el Gobierno, si las instituciones republicanas, si las Fuerzas Armadas y la policía nacional del Perú (PNP) no se proponen recuperar la soberanía del Estado en la región puneña, inevitablemente el Perú enfrentará una situación geopolítica extremadamente grave que comprometerá la paz y la viabilidad del altiplano.
¿Una sobrerreacción nacionalista? De ninguna manera. No creemos que ninguna estrategia secesionista vaya a prosperar en el altiplano porque el Estado peruano ha demostrado una resiliencia que ha sorprendido más de una vez a propios y extraños. Cuando alertamos del peligro secesionista es porque buscamos evitar que la paz del altiplano se ponga en peligro en el mediano y largo plazo. Y la única manera de hacerlo es restableciendo el Estado de derecho en Puno ahora.
En ese sentido, necesitamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial identifiquen, procesen y detengan a quienes acorralaron a nuestros soldados en el río Ilave. Igualmente, requerimos enfrentar la traición progresista que pretende maniatar a las fuerzas de seguridad en el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública por una supuesta defensa de los Derechos Humanos. Finalmente, el progresismo comienza a convertirse en el mejor propagandista de una insurrección contra el Estado de derecho que fracasa de principio a fin a nivel nacional.
Por otro lado, si en el Perú los partidos y las organizaciones sociales no se movilizan en defensa de las fuerzas armadas y la PNP, en el mediano plazo perderemos la batalla en contra de la violencia bolivariana. No podemos permitir que ningún soldado, ningún policía, sea judicializado por haber defendido el Estado de derecho ante el evidente fracaso de los civiles.
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