Si la anarquía avanza es responsabilidad del Ejecutivo

El Frente Amplio y las corrientes comunistas no lograron aprobar el dictamen que establecía una bonificación de 25% sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV) para crear una Remuneración Agraria Básica, que hubiese significado un incremento general de 50% de los salarios en el sector agroexportador; a nuestro entender, una velada estatización del sector. Y de pronto unas minorías radicalizadas ðque apenas pueden llamarse piquetes- vuelven a desatar la violencia en la Panamericana Sur con objeto de respaldar “la nueva reforma agraria en el campo”.

Mirtha Vásquez, presidente del Congreso, luego de haber sido derrotada en tres votaciones que ella misma forzó en su intento de estatizar la agricultura, amplió la Legislatura y volvió a poner en agenda el tema agrario. Los frenteamplistas, después de haber llegado a conducir la mesa directiva del Congreso, sin haber ganado una sola elección y representando la minoría de las minorías, en realidad consideran que las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, están pintados en la pared. Creen que la llamada calle puede presionar al Legislativo para estatizar las agroexportaciones como paso previo para la colectivización de la minería y para la convocatoria a una asamblea constituyente.

Por su lado el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas, en la práctica, se lavaron las manos y miraron a la distancia frente la ofensiva comunista que buscaba una velada estatización de la agricultura. Sorprendentemente el Ejecutivo, más cercano a la información técnica del boom agroexportador, no informó que los salarios representan entre el 40% y 60% de los costos totales de las inversiones agroexportadoras, dependiendo de los cultivos. No informó –como lo hicieron todas las últimas gestiones en el MEF– que con un incremento de 50% de los salarios al margen de la productividad del sector, simplemente se elevaría el costo salarial de las inversiones agroexportadoras entre 60% y 80%, y se desataría una ola de quiebras en cultivos que dependen masivamente de la fuerza laboral. El MEF guardó distancias inexplicables y se convirtió en colaborador del proceso estatizador, quizá creyendo que la papa caliente debía estar solo en manos del Congreso.

Pero eso no es todo. El Ejecutivo sigue siendo el responsable de haber quebrado la autoridad del estado democrático frente a la acción de las turbas y las minorías radicalizadas, por haber asumido el relato comunista que demoniza la labor policial y por haber pasado al retiro de manera ilegal a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ayer nuevamente, mientras se ampliaba la Legislatura y se volvía a forzar la aprobación de una ley agraria al margen del obligatorio dictamen de la Comisión de Economía, una minoría radicalizada volvió a bloquear la Panamericana Sur y a amenazar a la propiedad pública y privada. Y una vez más nuestros policías fueron atacados por los violentistas, buscando un desenlace fatal para golpear a la opinión pública y presionar para estatizar al sector agrario.

En cualquier caso, comienza a quedar en evidencia que el Ejecutivo es responsable de cualquier salida o norma que se convierta en una ley anti promoción agraria, anti inversión. Pero el gran problema de este tipo de fórmulas es que ya conocemos el resultado de antemano. Si se aprobara el despropósito estatista, en primer lugar, quebrarían las empresas más pequeñas, mientras las más grandes buscarían mecanizarse, afectando el empleo de cerca de un millón de trabajadores.

De otro lado, el proyecto de duplicar la inversión de US$ 20,000 millones en el agro –en dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria– se convertiría en un imposible. Finalmente, la credibilidad mundial de nuestras agroexportaciones –que abarcan a 600 variedades de frutas y hortalizas– se afectaría de gravedad. Una credibilidad que ha significado que las 24 cadenas de supermercados más grandes del planeta compren nuestras agroexportaciones. En este contexto el regreso del estado promotor de empresas, cooperativas y otras formas asociativas, se volvería inevitable. Es decir, el Estado volvería al campo, quebrando y bloqueando la inversión privada.

En cualquier caso, las bancadas responsables del Congreso –las bancadas de AP, APP y Fuerza Popular– tienen la enorme responsabilidad de evitar que la anarquía que promueven las minorías radicalizadas termine estatizando una de las actividades que nos enrumbarán por el camino del desarrollo.