Sí, hay campaña contra el sector privado

Si bien en el Perú los hechos políticos tienen una volatilidad sorprendente, bajo los hilos de algunos titiriteros y el unísono de los medios tradicionales —convertidos en actores políticos—, la última edición del CADE plantea una pregunta de fondo: ¿existe una campaña de destrucción del sector privado por algunos sectores de la sociedad y del Estado? O, como sostiene el presidente Vizcarra “en el Perú no existe persecución... y escudarse en presuntas persecuciones políticas o empresariales no ayuda a buscar una solución”. En este portal sí creemos que existe una campaña de destrucción del sector privado, que si bien es parte de ciertas estrategias presentes en los últimos gobiernos, ha llegado a extremos durante la administración Vizcarra.

Quizá la punta del iceberg de esta campaña sea el intento del fiscal Domingo Pérez y de Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros de judicializar a los principales empresarios del Perú por haber aportado para una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución (que era amenazado por el plan chavista de la Gran Transformación de Humala). Gracias a esa campaña el nacionalismo abandonó ese plan y asumió la llamada Hoja de Ruta. Si bien la Confiep ha demostrado que todos los aportes fueron bancarizados, que existen los correspondientes certificados de donación y los respectivas facturas de los avisos en TV, radio y prensa, el fiscal Pérez y Gorriti insisten en judicializar a los empresarios con el objeto de amedrentarlos para que nunca más vuelvan a apoyar una campaña ideológica en defensa del mercado. Terrible, como en los regímenes chavistas.

Y decimos la punta del iceberg de una campaña en contra del empresariado porque en el Gabinete Villanueva el ministro de Trabajo, Christián Sánchez, lidera un ala ministerial claramente anti inversión y anti empresarial. El titular de Trabajo y un sector de la administración Vizcarra se oponen abiertamente a cualquier posibilidad de reformar la asfixiante legislación laboral, una de las más rígidas y costosas del mundo, que solo crea informalidad. Igualmente solo pretende ajustar “la informalidad en el sector formal”, mientras se hace de la vista gorda con la informalidad de más del 75% de los trabajadores.

Asimismo, este sector anti empresarial está planteando incrementar los aportes de las empresas a Essalud, del 9% al 12% de la remuneración del trabajador. También propone la aprobación de una ley de negociación colectiva para los trabajadores del Estado, como preludio de una norma para el sector privado. Es decir, el sueño colectivista de inundar la economía de sindicatos, antes que de inversiones que generen empleo. Algo más. El Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que establece la posibilidad de que la autoridad tributaria embargue los bienes del responsable legal de una empresa ante la simple sospecha de elusión. Es decir, embargo al margen de los procesos administrativos y judiciales correspondientes. Cuando se pretende judicializar a los principales empresarios del Perú por quítame esta paja, ¿acaso esta norma no evoca el RUC Sensible de Montesinos?

Todas estas terribles señales se producen en medio de una creciente pérdida de competitividad de la economía, registrada en los rankings mundiales de diversos organismos internacionales. ¿Hacia dónde evoluciona una situación de este tipo? Si bien el crecimiento de la economía en el 2018 se acercará al 4%, es evidente que el flujo de las inversiones de mediano y largo plazo comienza a detenerse por la sencilla razón de los que los mercados solo respiran y se alimentan de información pública. Y la información señala que el Perú no logra salir de la crisis política, y que el Ejecutivo no parece creer en el mercado y la inversión privada.

Un escenario terrible para el empresariado que, en la última década, registró tasas de inversiones anuales por encima del 20% del PBI y que se convirtió en el principal protagonista de la expansión económica sin precedentes. Gracias al sector privado, el PBI se triplicó, la pobreza se redujo del 60% de la población a solo 20%, y se expandió el bienestar a niveles nunca visto.

Hoy, pues, existe una campaña de destrucción del sector privado. Una campaña que busca el resurgimiento del estatismo y los colectivismos, y empuja al Perú hacia el abismo.