La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Una de las cosas más impresionantes de la estrategia del presidente Pedro Castillo y del Gabinete, ante la denuncia constitucional contra el jefe de Estado de parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido la defensa de la Constitución Política. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el artículo 117 de la Carta Política establece una inmunidad especial para el jefe de Estado, motivo por el cual el proceso iniciado en el Ministerio Público debería esperar hasta el fin del mandato presidencial.
¿Qué ha acontecido para que un Gobierno que, desde el primer día en el poder, procedió en contra de la Constitución ahora invoque la Carta Política como estrategia de defensa? ¿Qué ha sucedido para que el Ejecutivo que había formulado una propuesta de asamblea constituyente y propuestas de nacionalizaciones hoy levante el texto constitucional como argumento de salvación? Y, ¿por qué, de pronto, algunos sectores de la sociedad comenzaban a sentir que la Constitución blindaba al jefe de Estado –hasta el final de su mandato– de todas las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público?
La respuesta es una sola: el Congreso se niega a asumir su responsabilidad frente al desgobierno nacional, frente a la probada incapacidad moral permanente que ha demostrado Castillo y, de una u otra manera, comienza a ser responsable del desastre nacional. ¿Qué pretendemos señalar? Que si, ante los estropicios gubernamentales y las denuncias y acusaciones de corrupción del entorno presidencial y del propio jefe de Estado, el Congreso no procede a iniciar una transición política que nos salve de la anarquía y el desgobierno, entonces la Constitución puede parecer de espaldas a la sociedad. La Carta Política se convierte en un texto distante de la mayoría de la sociedad y, de una u otra manera, se comienza a legitimar un nuevo proceso constituyente. ¿O no?
Como todos sabemos, la Carta Política establece que el jefe de Estado no puede ser procesado durante su mandato, exceptuando los casos de traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso inconstitucionalmente y por impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Sin embargo, la propia Constitución establece un mandato ineludible para los representantes del Congreso cuando el jefe de Estado demuestra incapacidad moral permanente para el cargo: la vacancia. ¿Acaso la acumulación de yerros y barbaridades del presidente Castillo no señalan con absoluta claridad que ya está incurso en la urgencia de la vacancia?
Cuando el Congreso se niega a aplicar la Carta Política en la crisis que ha desatado el presidente Castillo, inevitablemente destruye la Constitución, pulveriza sus instituciones tutelares y prepara el camino de una revolución que desembocará en una constituyente. De allí las propuestas de algunos de aplicar la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas para suspender en el cargo a Castillo, no obstante que el procedimiento no está contemplado en el sistema constitucional.
Hay dos maneras de salir de estas tendencias que nos llevan a la anarquía y al desgobierno general. Una es buscando atajos e interpretaciones constitucionales y legales ad hoc que, de una u otra manera, también significarán nuevos capítulos de la destrucción nacional. Imaginemos un gobierno de signo ideológico diferente al de Castillo y las estrategias y atajos del comunismo y el progresismo para derribarlo. El otro camino es seguir persistiendo en el camino de la Constitución y sus procedimientos para iniciar la transición política. Si eso sucede, la Carta Política saldrá más fortalecida que nunca, porque habrá resistido una de las mayores crisis y pruebas a las que es sometida un texto constitucional. Sin embargo, para que eso suceda el Congreso debe asumir su responsabilidad.
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