Se extiende la anarquía

Después de escucharse el audio en que el presidente Vizcarra se compromete a suspender la licencia de construcción del proyecto Tía María —en una reunión con el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y diversos sectores extremistas y comunistas—, y después también de que la promesa presidencial se materializara, la minería, por decir lo menos, ha sido herida de muerte en el Perú. Vizcarra llega a tal despropósito que plantea a los sectores antimineros que desarrollen una medida radical en un mes, si es que no se revierte la licencia de construcción. 

Una de las primeras consecuencias será la extensión de los conflictos sociales —sobre todo en el sur del Perú— porque el radicalismo se sentirá empoderado ante la pulverización de la autoridad del Estado democrático. Tal como se observa en la huelga general indefinida que se ha convocado contra el proyecto Quellaveco (una inversión de US$ 5,300 millones) de Angloamerican; una huelga encabezada por Zenón Cuevas, el gobernador de la mencionada región. El argumento del radicalismo en Moquegua se parece bastante a los que se emplean en otros conflictos sociales. Por ejemplo, se arguye que Angloamerican han incumplido los 26 puntos del acuerdo de siete años atrás, sobre todo porque la empresa no contrata al 80% de moqueguanos entre su personal, sino solo al 40%. Como se aprecia, este tipo de demandas, irracionales desde el punto de vista de las corporaciones, solo terminará paralizando la inversión en Quellaveco.

Pero lo llamativo de la huelga artificial en Moquegua —uno de los departamentos con los mejores ingresos per cápita y los mejores indicadores sociales, gracias a la minería— es que Cuevas pretende competir en protagonismo con Cáceres Llica, quien ahora presume de haber bloqueado Tía María. ¿A dónde vamos con esta lógica? Como todos sabemos, los gobernadores de Arequipa, Moquegua, Puno y Apurímac, entre otros, han venido exigiendo una nueva Ley General de Minería, y una de sus demandas ha sido incrementar en 80% los impuestos a las compañías. ¿Qué puede significar algo así? Que simplemente el Perú acabaría con el milagro económico de las inversiones mineras, sin las cuales no se explicaría el proceso de reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20%. Incrementar impuestos al 80% es una manera de estatizar la actividad.

Sin embargo, la estrategia de los gobernadores marxistas del sur, hoy elevada a la enésima potencia debido a la claudicación presidencial en Arequipa, extrañamente fomenta la hegemonía de Bolivia en el sur, a través de la venta del gas boliviano. En otras palabras, se ahorca inversiones que reducen pobreza, pero se alienta la hegemonía boliviana.

La errática decisión presidencial que promueve la anarquía no solo tiene que ver con el empoderamiento de los gobernadores regionales del sur y sus estrategias secesionistas en contra del régimen económico de la Constitución, sino que alienta las estrategias de los radicalismos en cada una de las minas del sur. No sería nada extraño, entonces, que las mesas de diálogo y los procesos de acercamiento entre las empresas y la población en Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Hudbay y Cerro Verde se compliquen por la acción de los extremismos, que suelen plantear demandas que, en la práctica, significan la estatización de las empresas mineras.

La conducta del presidente Vizcarra en Arequipa, simplemente, es devastadora para el futuro de la República, las instituciones, la economía de mercado y las inversiones. La sensación de que todo se desmorona en medio de una falta de autoridad y extensión de la anarquía se multiplica y generaliza. Pero a estas alturas no solo se trata de la errática conducta del presidente Vizcarra, sino que la ausencia de liderazgo y reacción en el Congreso también contribuye a la percepción de falta de autoridad. Finalmente y ante el vacío, el Legislativo es incapaz de llenar esa ausencia con propuestas, control político y decisiones de acuerdo a la Constitución y la ley.