¡Se activa otra vacancia presidencial!

Al cierre de esta edición, el congresista Edward Málaga había presentado una moción de vacancia presidencial que contaba con 67 firmas de los legisladores. A diferencia de las dos iniciativas de vacancia previas, en esta ocasión el presidente Pedro Castillo sí estará obligado a ir al hemiciclo y defenderse personalmente o con su abogado de los cargos presentados en la moción que busca vacarlo por incapacidad moral permanente.

Según el Reglamento del Congreso una moción de vacancia por incapacidad moral permanente del jefe de Estado –según lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, inciso 2– se presenta con el respaldo del 20% de los legisladores. Y, para ser admitida en el pleno, se requiere el respaldo del 40% de los congresistas. De otro lado, como ya es conocido, la vacancia presidencial procede con el voto a favor de los dos tercios de los legisladores (87 votos).

La moción presentada por el congresista Málaga, entonces, será admitida a debate en el hemiciclo y el presidente Castillo deberá asistir al parlamento, tal como lo hizo Martín Vizcarra antes de ser vacado por 105 votos.

Planteada las cosas así, las enseñanzas para el futuro de la vida constitucional son incuestionables. La perversa dicotomía entre vacancia presidencial y disolución del Congreso, que se abrió en el periodo 2016-2021, por la absurda e inexplicable guerra entre las centro-derechas, desembocó en el cierre inconstitucional del Congreso. Para perpetrar ese golpe de Estado se invocó la figura de “la denegación fáctica de la confianza”, una figura que no existe en la Constitución, y que pretendió ser nuevamente activada por Aníbal Torres, no obstante que una ley del Congreso ya había precisado el tema. Y no obstante, también, un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

De una u otra manera, el Ejecutivo inició una guerra total contra el Congreso, el sistema republicano y la vigencia de la Constitución y las libertades, cuando en la última acta del Consejo de Ministros –que fue conocida por la prensa nacional– los ministros interpretaron que el “Legislativo había disparado su primera bala de plata al negar la confianza planteada por el Gobierno”. Más tarde, el señor Aníbal Torres, en pleno descontrol verbal, aseveró que al Ejecutivo no le interesaba la opinión del Tribunal Constitucional sobre el tema.

De pronto, los congresistas que se resistían a iniciar un proceso de vacancia por temor a que todo desembocara en el adelanto de las elecciones generales, y percibieron que el principal enemigo de la continuidad del Legislativo eran el Ejecutivo y Pedro Castillo. En ese momento, algo se activó y el primer campanazo se expresó en los 98 votos de los legisladores que autorizaron al presidente del Congreso, José Williams, a interponer una demanda competencial sobre la arbitraria interpretación del Ejecutivo acerca de que se había producido la primera negativa de confianza del Congreso.

Sin embargo, el Ejecutivo prosiguió en su arremetida contra el Congreso. En ese escenario de hechos, arbitrariedades y fuerzas, solo bastaba que el Ejecutivo presentará una nueva confianza, interpretara a su libre albedrío que ella había sido denegada, para proceder a la disolución del Congreso. La nueva moción de vacancia respaldada por 67 legisladores es expresión de ese nuevo escenario.

Ahora bien, tal como están las cosas, si la nueva moción no desemboca en la vacancia de Pedro Castillo, el Legislativo habrá favorecido la estrategia del Gobierno. En ese momento la sociedad y todos los sectores podrían interpretar que el Congreso no puede controlar al Ejecutivo y que los legisladores estarían aceptando la posición del Ejecutivo sobre la cuestión de confianza y el camino podría quedar despejado para el cierre del Congreso. Vale subrayar que, en ese escenario de fuerzas, no habría tiempo para un pronunciamiento del TC ni tampoco para una intervención de la OEA.

A partir de allí podríamos contemplar el abismo ante un Ejecutivo que disolvería el Congreso y, en vez de anunciar a nuevas elecciones congresales, lo más probable es que termine convocando por decreto a una asamblea constituyente y empujando a la sociedad a un enfrentamiento fratricida.